La Fiscalía chilena informó este lunes que dejó sin efecto un polémico acuerdo de cooperación suscrito la semana pasada con la Conferencia Episcopal para investigaciones de abusos sexuales, luego de que fuera fuertemente criticado por agrupaciones de víctimas.
El convenio obligaba a los religiosos a denunciar en menos de 24 horas una vez conocido el delito, pero comprometía a la Fiscalía a mantener en «estricta reserva» la identidad de la presunta víctima y a evitar que terceras personas tuvieran conocimiento de allanamientos ordenados contra instituciones religiosas.
En un comunicado, el Ministerio Público afirmó este lunes que decidió dejar sin efecto el convenio «tras recibir y escuchar a diversas agrupaciones de víctimas» de abusos sexuales por parte de religiosos.
«El objetivo del convenio era generar un canal de acceso a la justicia para aquellas víctimas que denuncian en el seno de la Iglesia, ampliando el estándar legal establecido y asegurando la confidencialidad de las víctimas en el caso de que ellas lo requirieran», agregó la Fiscalía.
Por su parte, la Conferencia Episcopal lamentó que el acuerdo «haya causado un impacto doloroso en víctimas y sobrevivientes de abuso», y aseguró que nunca intentaron «un trato preferente» de parte de la Fiscalía.
Para la Red de Sobrevivientes y la Fundación para la Confianza, el convenio constituía un «lavado de imagen para los obispos chilenos».
Ambas organizaciones también reclamaron por el supuesto trato especial que recibirían «criminales de la Iglesia Católica».
El acuerdo se había firmado en un contexto en el que hay 166 investigaciones abiertas sobre denuncias de abusos sexuales de religiosos en la Fiscalía Nacional, cometidos contra 248 víctimas.
El fiscal Emiliano Arias, a cargo de los casos de abuso en contra de la Iglesia, fue suspendido de sus funciones mientras se desarrolla una investigación administrativa en su contra por tráfico de influencia y revelación de secretos de algunos casos, entre otros delitos, informó este lunes la Fiscalía.
AFP