La Fiscalía de Colombia informó el viernes que no llamará a juicio al poderoso expresidente Álvaro Uribe Vélez por el proceso penal en su contra por supuestamente manipular testigos y por el que estuvo detenido dos meses en 2020.
En un nuevo giro a un caso que ha desatado tensiones constantes sobre el conflicto armado interno de cinco décadas que vivió el país sudamericano, la Fiscalía señaló en un comunicado que solicitó al juez la terminación anticipada del proceso penal que se abrió contra Uribe por soborno a testigos y fraude procesal, al considerar que no encontraron pruebas de que haya cometido esos delitos.
La decisión del fiscal del caso, Gabriel Ramón Jaimes, es una victoria para Uribe, una figura que mantiene una importante influencia en la escena política de Colombia y que se ha opuesto al acuerdo de paz que el gobierno alcanzó en 2016 con los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Gracias a Dios por este paso positivo”, escribió en su cuenta de Twitter Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010.
“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
La Fiscalía no dio más detalles, pero aseguró que las dará ante un juez en una audiencia programada de la que aún no se conoce la fecha. Dicha justificación de la preclusión, como legalmente se le conoce a la terminación del proceso, puede ser apelada por las víctimas del caso.
El senador izquierdista Iván Cepeda, víctima en el proceso, anunció que presentará una denuncia penal contra el fiscal Jaimes, por presuntamente haber incurrido en el delito de prevaricato por acción y omisión.
Cepeda señaló en un comunicado que el fiscal favorece “los intereses del procesado, al punto que, apartándose de su deber legal y constitucional, ha fungido de facto, como abogado defensor de Álvaro Uribe”.
Camilo Burbano Cifuentes, especialista en derecho penal y profesor de la Universidad Externado de Colombia, dijo a The Associated Press que el juez puede confirmar o negar la terminación del caso, y en ambas situaciones cualquiera de las partes puede apelar.
Jaime Granados, abogado defensor del expresidente, celebró la decisión de la Fiscalía. “Vemos que se está abriendo camino la verdad y la justicia”, dijo en Blu Radio.
El proceso contra Uribe comenzó en 2012 cuando interpuso una demanda contra Iván Cepeda acusándolo de conseguir testimonios de paramilitares de forma irregular para vincularlo con grupos ilegales.