La persecución xenófoba contra los venezolanos explotó en Ibarra, Ecuador como un polvorín. El miedo se apoderó de los emigrantes durante las noches que siguieron a las rechazadas declaraciones del presidente de ese país, Lenín Moreno, a las que se considera el detonante de la ola de violencia. El mandatario, a través de su cuenta de Twitter, anunció que se organizarían inmediatamente “brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera”.
Poco después de esas palabras surgieron los ataques contra los venezolanos en Ibarra. De acuerdo con el diario El Telégrafo, Rafael, un emigrante venezolano, contó que aquella noche su familia y sus vecinos, que estaban siguiendo por las redes sociales las agresiones, temían convertirse en los próximos. En efecto, al poco tiempo, vieron a unas 500 personas aproximarse por la calle y pensaron en lo peor cuando empezaron a forzar la puerta metálica de entrada. Las mujeres y los niños tuvieron se escondieron en una habitación, pero la turba los encontró. Los hombres juntaron todas sus fuerzas para sostener la puerta, mientras suplicaban que detuvieran el ataque “por los niños”. Lograron salvarse gracias a la intervención de un vecino ecuatoriano. El mismo diario reportó que al menos 40 personas de nacionalidad venezolana abandonaron esa ciudad.
Familias enteras, incluyendo niños y adolescentes, fueron presas del miedo al ver la cara más temible del rechazo que se ha ido gestando contra la ola de emigrantes que ha llegado a Ecuador huyendo de la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela. Teleamazonas, canal ecuatoriano, informó que había quienes permanecían ocultos en las residencias donde habitan, con temor de salir a la calle después de los hechos violentos acaecidos aquel día. El canal difundió varios testimonios: “El corazón se me saltó. No hallaba dónde meterme. Yo les decía a los muchachos: ‘Silencio, no hagamos ruido, que ya nos van a encontrar’. Ni en Venezuela se vive una situación de estas”, contó Emma Valera con lágrimas en los ojos y el rostro desencajado el lunes 21 de enero.
María Miranda fue otra de las venezolanas que vivió los acontecimientos de aquel 20 de enero. Le contó a Teleamazonas que ella y otros adultos debieron esconder a los niños. “Casi derrumbaron la puerta del cuarto. Nosotros estábamos resguardados: siete personas y dos niños pequeños. Tuvimos que esconderlos en el clóset”.
Los hechos. El 20 de enero un grupo de ecuatorianos asistió, primero, a una marcha en Ibarra para rechazar el asesinato de Diana Carolina Ramírez Reyes a manos de su pareja, el venezolano Yordis Rafael Lozada García. Posteriormente, informó el diario El Comercio, fueron a una casa en el centro de la ciudad donde vivía un grupo de venezolanos, con el fin de sacarlos, despojarlos de sus pertenencias y quemarlas. Luego se trasladaron a un albergue municipal donde habitan inmigrantes de pocos recursos, pero ahí ya estaba apostada la policía.
Noticias y videos difundidos por medios de comunicación y redes sociales mostraban a grupos rompiendo ventanas, extrayendo y quemando colchones, maletas, enseres; sacando a la gente de viviendas y hostales; a un hombre golpeado por otros en plena vía pública y a la luz de los faros; personas corriendo por calles oscuras, con apenas lo puesto, y hasta a algunos que llegaron sin destino al terminal terrestre, que está en el norte de la ciudad. El mismo diario puso sobre la mesa otras razones que pudieron estar detrás de las agresiones: “El crimen detonó las ideas que desde el año pasado se inculcaron en esta ciudad, de que los extranjeros abarataron la mano de obra, que se llevaron las fuentes de trabajo y aumentaron la inseguridad”.
Lo ocurrido evidenció, una vez más, la frágil posición de muchos venezolanos emigrantes ante las difíciles situaciones que encuentran en los países de acogida. Alex Saraiba, de la ONG Cecodap, condena que se pretenda criminalizar la migración, “que es un derecho humano”. Añade que lo ocurrido muestra la necesidad de que la región adopte medidas que permitan proteger a los niños y adolescentes venezolanos y a sus familias “en países donde están llegando en condiciones de vulnerabilidad”.