El fallo de una corte de La Haya que anula una condena por 9.500 millones de dólares contra Chevron por daños ambientales en Ecuador es “inaplicable”, dijo el sábado el abogado de los pobladores afectados Pablo Fajardo al afirmar que “el que contamina paga”.
AFP
“No vamos a permitir ni aceptar que sea todo el país el que pague por el crimen de Chevron. El que contamina paga, quien contaminó fue Chevron y deben pagar ellos”, señaló Fajardo a la AFP.
La decisión de un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya considera que Ecuador violó un Tratado de Protección de Inversiones entre Washington y Quito, y denegó justicia a la petrolera estadounidense, lo que puede ser sancionado con el pago de una indemnización por parte del Estado ecuatoriano.
Fajardo estimó que “el laudo es inaplicable” porque el arbitraje entre Ecuador y Chevron es un caso distinto al que llevan los pobladores amazónicos desde hace 25 años contra la firma, a la que acusan de derramar miles y miles de desechos tóxicos que contaminaron el suelo y las fuentes de agua, afectando a unas 30.000 personas.
El fallo implica “obligar al Estado ecuatoriano a violar la norma constitucional y a irrespetar la independencia de las distintas funciones del Estado. Eso no es legal, ni procedente”, agregó.
Aunque la decisión puede ser impugnada, deja en suspenso las pretensiones de indígenas y campesinos de cobrar en otros países la millonaria sanción, pues Chevron no tiene activos en Ecuador.
La sentencia dispone al país impedir nuevas acciones para ejecutar la condena ratificada por la Corte Constitucional ecuatoriana el pasado julio, con lo que se cerró el caso en el país.
Eso “es algo ilegítimo. No puede jamás bajo ningún concepto el Estado ecuatoriano impedir nuestra facultad de ejercer nuestros derechos”, aseguró Fajardo.
Aún sin una estrategia legal definida para contrarrestar este golpe, los demandantes insisten en que se debe respetar la decisión de la justicia local.
“Es parte de la batalla, no vamos a claudicar por eso. Seguiremos exigiendo el cumplimiento de la sentencia judicial y seguiremos exigiendo que Chevron pague por su crimen”, apuntó Fajardo.
Chevron asumió el pleito en 2001 al adquirir Texaco, que operó en Ecuador entre 1964 y 1990 en consorcio con la estatal Petroecuador.
La petrolera sostiene que cumplió con la reparación ambiental que le correspondía y atribuye el daño a Petroecuador. Además considera que la sentencia en su contra fue obtenida mediante fraude y sobornos.
Pese a que el laudo frena las intenciones de los pobladores afectados de cobrar la millonaria condena, este reconoce su derecho a presentar nuevas demandas.