El Ministerio del Interior chileno, informó que este domingo, fueron expulsados 56 inmigrantes venezolanos, señalados de haber ingresado de manera clandestina y otros, por haber cometido algunos delitos en el país sureño.
La noticia sobre esta nueva deportación fue confirmada por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien añadió que alrededor de veinte connacionales «ya cumplían condenas por delitos referidos a tráfico de personas, narcotráfico y robo con violencia» y el resto «entraron de manera clandestina a Chile».
Dijo Delgado a la prensa, que los 56 venezolanos partieron del aeropuerto de Santiago en un avión comercial arrendado por el gobierno chileno y fueron trasladados a Caracas; por el seguimiento de la nueva Ley de Migraciones, que busca un proceso ordenado, seguro y regular para quienes ingresen a Chile, acotó.
«El proceso se lleva a cabo siguiendo cada detalle de la legislación vigente, de los acuerdos internacionales siguiendo los protocolos, indicaciones y recomendaciones de la ONU», añadió tras las declaraciones y reacciones de diferentes organizaciones que aseguran que existen recomendaciones internacionales de los relatores de derechos humanos, de los relatores de migración y del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para detener este tipo de expulsiones colectivas que son contrarias al derecho internacional
«El Gobierno (de Chile) está haciendo oídos sordos a las Naciones Unidas va a haber un escenario de poco entendimiento con los organismos internacionales e incluso desacreditación de sus mandatos” aseguró Carlos Figueroa Salazar, director de estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SMJ).
Además, otras organizaciones de defensa de inmigrantes que confirmaron la nacionalidad de los expulsados protestaron por esta nueva jornada de expulsión, recordando que en mayo pasado, expertos de derechos humanos de la ONU indicaron que los inmigrantes «tienen derecho a una evaluación individual de sus casos y a quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria».
Cabe destacar que en el mes de febrero, Chile expulsó a más de un centenar de extranjeros, muchos de los cuales ingresaron por pasos ilegales, arriesgando sus vidas al cruzar el inhóspito altiplano en la frontera con Bolivia y desafiando al covid-19.
Figueroa Salazar indicó que “La nueva ley de Migración, que se publicó este año, tiene una norma específica y transitoria que abre un plazo de 180 días para salir del país a personas que hayan ingresado posterior al 18 de marzo de 2020 por pasos no habilitados, con el objetivo de que ellos puedan hacer un proceso regular solicitando la visa en los consulados chilenos en sus países de origen, tratando de lograr que se puedan regularizar sin ser sancionado”, dice Figueroa Salazar.
Pero afirma además que las acciones tomadas por el gobierno chileno se contradice «con medidas de expulsión colectiva, porque al mismo tiempo que tú le dices que por ley a las personas que pueden salir en 180 días, es decir, hasta alrededor de mediados de octubre del país sin ser sancionados, también envías la señal contraria de expulsarlos sin darle la oportunidad de que ellos puedan tomar este camino. Es una contradicción que nos invita a una reflexión profunda sobre cuál es el objetivo que quiere cumplir el gobierno con este tipo de expulsiones colectivas”.