El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, que aspira volver al poder en 2024, fue condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales durante su mandato (2009-2014), informó este martes el órgano judicial.
El tribunal «lo condena a la pena de 128 meses de prisión» y el pago de una multa de 19 millones de dólares, según el fallo.
La defensa de Martinelli puede ahora recurrir la sentencia ante un tribunal de apelaciones o presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
El exmandatario de manera reiterada ha calificado como «juicio político amañado» el proceso en su contra, y asegura que todo se trata de una «persecución política» para evitar que pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2024.
«Aquí hay personas que están haciendo lo indecible, violando la ley, violando la Constitución y violando el sistema judicial con el solo fin de tratar de inhabilitarme a mí políticamente», dijo Martinelli recientemente.
«No me voy a dejar amedrentar por esos cantos de sirena de un juicio amañado, me van a tener que matar», agregó.
La fiscalía primera contra la delincuencia organizada había solicitado contra Martinelli la pena máxima de 12 años de cárcel, que podía ampliarse hasta los 18, por comprar en 2010, con dinero del Estado, la mayoría de las acciones de la Editora Panamá América.
Según la acusación, la compra se realizó a través de un complejo esquema de sociedades donde varias empresas depositaron un total de 43,9 millones de dólares.
Ese dinero provenía del pago de comisiones, de hasta un 10% sobre el contrato original, en obras de infraestructura durante el gobierno de Martinelli.
Con parte de esos fondos, Martinelli adquirió la empresa de comunicación, cuya línea editorial defiende desde entonces los postulados del exgobernante.
Martinelli, de 71 años, aspira a volver al poder, pese a que está llamado a juicio en agosto por otra causa de presunto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.
– Fallo histórico-
Martinelli es la persona que «resultó ser el beneficiario final» de las transacciones y «recibió un bien previendo razonablemente que fue adquirido con fondos relacionados con actividades ilícitas», afirmó durante el juicio el fiscal Emeldo Márquez.
«Es un fallo de enorme importancia, porque rompe con la tradición de impunidad que ha sido la seña de identidad de la justicia panameña, cuando de gran corrupción se refiere», dijo a la AFP Lina Vega, presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional.
«Vimos durante la audiencia la complicidad de empresarios, oficinas de abogados y otros facilitadores que tuvieron un papel muy destacado en la trama de corrupción y que deja en evidencia las razones por las que seguimos siendo señalados por la comunidad internacional en listas de todo tipo», agregó.
El expresidente fue juzgado del 23 de mayo al 2 de junio por este caso, conocido como «New Business» (nombre de una de las sociedades utilizadas para la trama), aunque la jueza se tomó el período que marca la ley para emitir la sentencia.
«Es un fallo histórico, es la primera vez en la historia de Panamá que un empresario, expresidente y político relevante es condenado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales y corrupción», señaló a la AFP el director del diario Metro Libre, James Aparicio.
Martinelli, dueño de una cadena de supermercados, ganó las elecciones de 2009 con un discurso contra «los políticos tradicionales» y la corrupción, aunque al final de su mandato más de una decena de sus ministros fueron detenidos por varios escándalos.
El exmandatario, que estuvo encarcelado de manera preventiva dos años en Panamá, tras ser extraditado en 2018 desde Estados Unidos, fue absuelto en 2021 en un juicio por presunto espionaje a opositores.
En enero de 2022, Estados Unidos anunció la prohibición de entrada al país de Martinelli y su familia directa por su participación en «actos de corrupción significativos».
Esta decisión fue hecha pública tras la llegada a Panamá de los hijos de Martinelli, tras concluir una condena de dos años y medio de cárcel en Estados Unidos por recibir 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, de los que 19 millones transitaron por cuentas norteamericanas.