Sanciones multilaterales, más diálogo con potencias regionales, acercamiento a Cuba, beneficio del TPS para los venezolanos: la política de Estados Unidos hacia Venezuela cambiará si el demócrata Joe Biden desaloja al republicano Donald Trump de la Casa Blanca en noviembre, señalaron expertos.
Tanto Biden como Trump consideran un «dictador» al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Creen que su segundo mandato iniciado en enero de 2019 es resultado de una votación fraudulenta. Y apoyan una transición democrática a través de elecciones «libres y justas» que permita reconstruir la economía de la antigua potencia petrolera, en caída libre desde la llegada al poder de Maduro en 2013.
Pero hay diferencias en cómo propiciar esos cambios, indicaron el viernes analistas consultados por Latin American Advisor, una publicación del centro de reflexión Diálogo Interamericano con sede en Washington.
Biden «rechaza el enfoque fallido de la administración Trump de sanciones unilaterales en lugar de un enfoque de política multilateral integral para Venezuela«, dijo Juan González, que fungió como subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Barack Obama.
Esto es «una distinción importante», afirmó Laura Carlsen, especialista del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), porque «podría llevar a una revisión de las sanciones actuales».
Aunque Canadá y la UE también emitieron medidas punitivas contra Maduro y su gobierno bajo acusaciones de corrupción y violaciones de los derechos humanos, la batería de sanciones de Estados Unidos para presionar la salida de Maduro incluye en particular un embargo al crudo venezolano. Y numerosas acciones contra su aliado Cuba.
Carlsen también sostuvo que con un Ejecutivo demócrata, Estados Unidos tendría mayor disposición a negociar para resolver la crisis venezolana.
«Aunque Biden se ha mostrado escéptico del diálogo, como presidente también se vería obligado a escuchar los llamados al diálogo y al involucramiento de la ONU que apoyan potencias regionales como México y Argentina», dijo.
Para Ray Walser, diplomático retirado y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Seton Hall, con Biden «es probable que se ponga un nuevo énfasis en trabajar con el Grupo de Lima y otros para aislar a Maduro y abordar una grave crisis humanitaria y de refugiados».
El Grupo de Lima fue creado en 2017 por una mayoría de países latinoamericanos y Canadá para buscar una solución pacífica a la situación en Venezuela, que en los últimos años llevó a abandonar el país a unos cinco millones de personas, la mayoría a países vecinos, según la ONU.
La UE y naciones europeas y latinoamericanas también formaron con ese fin en 2019 el Grupo de Contacto Internacional.
– «Enfoque electoral» –
Biden, quien fue vicepresidente de Obama, cuyo gobierno impulsó el histórico acercamiento de Estados Unidos a Cuba, ya declaró su disposición a retomar esa política, fuertemente revertida por Trump desde 2017.
«Los comentarios de Biden (…) nos preocupan mucho, porque Cuba es la verdadera potencia dominante en Venezuela», dijo Diego Arria, exrepresentante permanente de Venezuela ante la ONU.
«Controla sus servicios de inteligencia, seguridad e incluso fuerzas militares, así como la política exterior, por lo que debe quedar claro para todos que abrir puertas a Cuba significaría cerrar puertas a la libertad en Venezuela», aseveró.
Sin embargo, Walser opinó que el gobierno de Biden «podría explorar capitalizar mejores lazos con Cuba para quizás apalancar la destitución de Maduro y una transición aceptable en Venezuela».
Aunque advirtió que con miras a ganar el 3 de noviembre, la campaña de Biden no debe olvidar la «fuerte oposición» que existe en el sur de Florida a los «autoritarismos» de Cuba y Venezuela.
«Un compromiso con el TPS para los venezolanos sería un paso en esa dirección», aseguró.
Biden ya dijo que concederá el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) a los venezolanos afectados por «la crisis humanitaria provocada por el régimen de Maduro». Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso en 2019, calificarían unas 200.000 personas.
El gobierno de Trump ha sido reacio a extender a los venezolanos el TPS, creado en los años 1990 para permitir residir legalmente a extranjeros que por desastres naturales o inestabilidad política no puedan regresar de forma segura a su país.
«La negativa a otorgar el TPS a los venezolanos, la continuada deportación de cientos de venezolanos y la decepcionante respuesta a la situación humanitaria dejan en claro que el enfoque de esta administración es electoral», puntualizó González, exasesor de Biden.