El proyecto de reforma constitucional que recorta los mandatos del presidente y del Congreso de Perú para adelantar elecciones no viola la Constitución pues su aprobación depende del Poder Legislativo, dijo a Sputnik el abogado constitucionalista Omar Cairo.
«El Poder Ejecutivo está proponiendo, a través de un proyecto de ley que sea el propio Congreso el que apruebe la reducción de su mandato introduciendo en la Constitución una reforma que lo establezca», dijo Cairo, profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho y de Maestría en la Pontificia Universidad Católica de Perú.
El experto subrayó que la iniciativa debe ser luego refrendada por voto popular y «no puede ser inconstitucional algo que está contenido en la Constitución», tal como pretende el proyecto.
El miércoles, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el «Proyecto de ley de reforma constitucional que prohíbe la postulación de quien ejerce la presidencia y adelanta las elecciones generales».
La iniciativa, anunciada por el presidente Martín Vizcarra el 28 de julio, busca que se adelanten las elecciones generales para el tercer domingo de abril de 2020, de modo que las nuevas autoridades asumirían su mandato en julio de ese año, un año antes de lo previsto de acuerdo al actual mandato.
Para ello se propone modificar el artículo 112 de la Constitución, donde se establece que «el mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el expresidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones».
La reforma propuesta añade al artículo 112: «No podrá postular a la Presidencia de la República en las elecciones generales inmediatas el ciudadano que, bajo cualquier título, hubiere asumido el cargo de la Presidencia de la República».
El propósito de esa cláusula es establecer que Vizcarra, quien fue elegido vicepresidente y asumió la presidencia en 2018 tras la renuncia del mandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), no podrá postularse en esos eventuales comicios adelantados.
El proyecto añade cuatro disposiciones transitorias que «estarán contenidas en la Constitución solo por esta coyuntura particular», explicó Cairo.
La primera disposición establece que el mandato del Poder Ejecutivo y del Congreso actuales concluye en julio de 2020.
La segunda establece que las elecciones adelantadas se celebrarán el tercer domingo de abril de 2020 y que el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil «adecuen los plazos para que el proceso electoral pueda desarrollarse en la fecha señalada».
«El proceso electoral está compuesto de determinados actos y cada uno de estos puede contener el establecimiento de algún plazo. Lo que establece esta disposición es que deben adecuarse estos plazos: si hay alguno más largo, de repente debería acortarse, de tal manera que se llegue a realizar las elecciones el tercer domingo de abril de 2020», explicó Cairo.
La tercera disposición indica que los miembros del Ejecutivo y del Legislativo serán elegidos por un plazo de cinco años, hasta julio de 2025.
La cuarta disposición transitoria establece que las leyes de la nueva reforma política entran en vigencia al momento de las elecciones en la medida en que no afecten su desarrollo.
El Gobierno, según un cronograma contenido en el propio texto, busca que el proyecto sea debatido por el Congreso en agosto, se apruebe en septiembre y sea refrendado por la ciudadanía en noviembre.
La convocatoria para las nuevas elecciones generales, en caso de que la reforma sea aprobada por voto popular, se llevaría a cabo en diciembre.
Los críticos del proyecto señalan que este cronograma es muy ajustado y poco probable de ser puesto en práctica.
Cairo estimó posible cumplir con estos plazos, «si existe voluntad política de parte del Congreso».
«Existe un mecanismo (para cumplir con el cronograma) que hace que sea viable, pero con esfuerzo», dijo.
Cairo comentó que «el reglamento del Congreso permite que la junta de portavoces exonere del trámite de comisiones a los proyectos de ley, incluidos los proyectos de reforma constitucional, de manera que este proyecto entraría directamente al pleno y en el pleno se debatiría y, de alcanzar el consenso, se aprobaría y esto podría ser en dos semanas».
Pero la voluntad política del Congreso, según el jurista, es fundamental para que prospere una iniciativa que ponga fin a un Gobierno marcado por excesivos enfrentamientos y diferencias entre los dos poderes del Estado.