El más reciente registro oficial da cuenta de que en Colombia hay más de 350.000 venezolanos irregulares. El Gobierno ha tomado medidas, pero han resultado insuficientes ante la avalancha de inmigrantes. Asociaciones del vecino país piden que se declare una emergencia humanitaria y dicen que hay subregistro de dos millones de ciudadanos, publica El Espectador.
Por Norbey Quevedo Hernández
A punto de finalizar el primer mes del año, la situación de los venezolanos en Colombia se está desbordando. Esta semana, en el barrio Sevilla de Cúcuta, fueron desalojados 600 ciudadanos de ese país que se habían instalado en un polideportivo. En Bucaramanga causó indignación el ataque de un venezolano a un colombiano que le daba alimento. En Bogotá fueron capturados tres venezolanos por un asalto en Transmilenio. En Ipiales, en las últimas tres semanas pasaron 32.754 venezolanos que intentaron migrar hacia Ecuador. Y 300 fueron desalojados de la terminal de transporte de Barranquilla.
El panorama se agudiza porque, de más de medio millón de venezolanos que hay actualmente en Colombia, 374.000 son irregulares, y lo que más inquieta es que los esfuerzos del Gobierno son insuficientes. La paradoja es que hace cuatro décadas esas cifras eran de miles de colombianos que migraron al vecino país en busca de opciones ante la bonanza petrolera. Y en aquel tiempo, a través del decreto 31 de 1977 del Quinto Plan de la Nación, Venezuela promovió un trato incluyente para los connacionales y les brindó condiciones sociales y laborales. En buena medida, acogió una población que está de retorno.
Martha Barón, colombiana de nacimiento, hizo parte de esa migración a finales de los 70. Entonces tenía 14 años, cinco hermanos y una difícil situación económica. Un amigo le propuso irse a Venezuela y allá llegó. Hizo de todo, hasta que llegó a ser funcionaria y también concejal del municipio de Chacao. “Me daba pena decir que era colombiana. Muchas eran prostitutas, mientras que yo tuve la opción de hacer otras cosas”. Su trabajo se reflejó en la creación de la Fundación Venezolanos por Decisión, para promover mejores condiciones para los colombianos en la vecina nación.
En la actualidad, a través de esa misma fundación, y en alianza con otras tres organizaciones, trabaja para lograr mejores condiciones para los venezolanos que están llegando a Colombia. Por eso se declara aliada del Gobierno colombiano y contribuye a la creación del Permiso Especial de Permanencia (PEP), pero dice que Colombia no es consciente de que la situación en Venezuela no se va a solucionar rápidamente. Sin embargo, hace énfasis en que el país está en mora de declarar la emergencia humanitaria, que permita convocar a otros países a la misión de reducir los problemas de la inmigración masiva.
De hecho, Barón trabajó en la atención de cerca de 600 migrantes que ocuparon la terminal de transporte de Bogotá y admite que es muy doloroso observar que, en el centro de la capital, menores de edad de origen venezolano están hoy dedicadas a la prostitución o están siendo reclutados por organizaciones ilegales. Logró que cerca de 500 venezolanos fueran contratados en fincas de Eje Cafetero, pero insiste en que falta mucho para alcanzar una debida regularización migratoria, por falta de difusión, por colaboración insuficiente de los empresarios o porque el sistema financiero se niega a bancarizarlos.
La situación es tan delicada que el Gobierno de Colombia se ha visto conminado a pensar y gestionar cambios determinantes en su política migratoria. Un solo ejemplo lo explica. En Venezuela llegaron a residir más de un millón de colombianos. Pero hoy, producto de las determinaciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, con actos inamistosos o de provocación continua, muchos están retornando a Colombia con un aspecto preocupante: lo hacen con sus familiares nacidos en Venezuela. El fenómeno hoy se conoce como migración de retorno, es decir, personas con algún arraigo en Colombia.
Como si no fuera suficiente, los cambios en los controles en la extensa frontera de 2.200 kilómetros también están agravando el dilema. En la denominada frontera viva, antes se circulaba libremente y fluía el comercio. A partir de agosto de 2015, según registros de Migración Colombia, al menos 22.000 colombianos han regresado al país intimidados. En el estado de Táchira, por ejemplo, algunas casas fueron marcadas con pintura. Este tipo de situaciones han hecho necesaria una política interinstitucional de acogimiento de connacionales, con siete puestos fronterizos adicionales para atender el caso.
Otra de las medidas implementadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido la expedición a venezolanos de la denominada Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF). Mediante este documento, que ya recibieron más de 1,4 millones de personas, el Gobierno ha facilitado el ingreso y la salida de población extranjera hacia el país, con el propósito de agilizar el comercio, los servicios de salud y también la movilidad en la zona de frontera, sin requisitos como el pasaporte por períodos de seis meses o hasta por dos años, siempre en el marco de la organización y la seguridad.
No obstante, la situación se ha complicado porque Colombia se volvió país de tránsito para venezolanos que buscan oportunidades en Perú, Ecuador, Argentina o Chile. Esta migración transitoria se refleja en los registros oficiales de la Cancillería. Mientras en 2012 salieron vía Ecuador 2.338 venezolanos, el año pasado la cifra alcanzó los 229.674. Es más, en este mes, otros 32.754 viajaron por esa misma ruta. Christian Kruger, director de Migración Colombia, indicó que, además de las medidas migratorias, es necesario fortalecer la cooperación a nivel regional para afrontar las dificultades comunes.
El tema central es humanitario, pero, según la experta en asuntos internacionales María Clara Robayo, el asunto tiene otras facetas. En 2005, luego del despido masivo de 18.000 trabajadores de PDVSA, en el gobierno de Hugo Chávez, una élite adinerada, integrada por inversionistas en potencia, migró al país. De la misma forma, entre 2010 y 2011, muchos salieron para proteger sus capitales. Robayo sostiene que la política de expropiación de bienes, inflación en aumento y devaluación del bolívar fueron las motivaciones. En 2014, en medio de protestas contra el gobierno Maduro, se volvió a incrementar el éxodo.
Este contingente humano de familias que buscan su supervivencia en Colombia es el que se ve a diario en casi todas las ciudades del país. Con un salario mínimo en Venezuela que no supera los cinco dólares, escasez de alimentos y de medicinas y una inflación que, al finalizar este año, según las proyecciones de las calificadoras de riesgo, llegará al 33.000 %, no cabe duda de que el eje del problema es la catástrofe económica del vecino país. Esa situación ha desbordado todos los estimativos de ayuda y empieza a poner en jaque al Gobierno, a las autoridades y, por supuesto, a la sociedad civil.
El propósito común es ayudar a los migrantes, pero desde 2017 ha sido necesario emprender un proceso de regularización de venezolanos en Colombia. Por eso, en agosto del año pasado se expidió el PEP, que les permite, previa verificación de requisitos, obtener una autorización para trabajar, estudiar y desarrollar actividades legales. El documento tiene una vigencia de 90 días prorrogables a dos años. Además, los ministerios de Educación, Salud y Trabajo ya expidieron instructivos para autorizar el trabajo de los migrantes y facilitar su inclusión en el sistema de salud y de educación.
El problema es que sólo están regularizados 177.803 venezolanos. Una cifra que contrasta con los irregulares, de los cuales 225.000 no ingresaron por los pasos autorizados y otros 149.691 superaron el tiempo de permanencia en Colombia. Se estima que la cifra de venezolanos irregulares en Colombia asciende a 374.691 ciudadanos. Un panorama con otras consecuencias. Por ejemplo, según registros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en las prisiones colombianas ya hay 301 hombres y 50 mujeres venezolanas, que corresponden al 43,3 % de los extranjeros privados de la libertad.
Asimismo, entre agosto de 2016 y enero de este año se adelantaron 4.978 operativos. El año pasado se impusieron 6.201 sanciones entre deportaciones, expulsiones y multas. A 2.540 venezolanos se les impidió el ingreso al país. Aun así, los que logran cruzar la frontera se refugian en terminales de transporte, parques, escenarios deportivos y las calles. Abundan los que trabajan en establecimientos comerciales, peluquerías o discotecas. Cerca de 600 empresarios han sido sancionados por contratar venezolanos con bajos salarios y sin el lleno de requisitos legales.
Darío Umaña, presidente de la Cámara Colombo Venezolana, sostiene que “los venezolanos se están convirtiendo en la mano de obra explotada en Colombia”. Un escenario crítico al que se suma también el de las trabajadoras sexuales. Según registros del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, las cifras están aumentando notoriamente. A ese cúmulo de enormes dificultades se agrega que los gastos oficiales no alcanzan para apoyar a los migrantes en busca de apoyo. El Ministerio de Salud atendió el año pasado 24.727 casos. El sistema educativo inscribió a 4.537 estudiantes.
Esta semana, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, dio una voz de alarma al manifestar que, de aumentar el fenómeno, surgirán dificultades para enfrentarlo, más aún si se atiene a la cifra entregada por la Cancillería, que habla de 35.000 venezolanos entrando al país diariamente. El jefe de la cartera de Hacienda recalcó que “una escalada en ese nivel de inmigración puede generar una situación insostenible, de graves consecuencias desde el punto de vista económico y fiscal”. En otras palabras, ya empieza a ser un asunto de Estado, con las implicaciones políticas conexas.
Como colofón, las relaciones diplomáticas siguen tensas. A comienzos de esta semana, el embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano, fue trasladado a Costa Rica. Actualmente, Germán Castañeda, encargado de negocios, lleva la vocería de la delegación en Caracas. Una circunstancia que agrava aún más el fenómeno migratorio y, de paso, contribuye a polarizar los ánimos políticos tanto en el vecino país como en el propio. Hoy no cabe duda de que será uno de los temas cruciales de las campañas presidenciales. La que el gobierno Maduro decidió adelantar en Venezuela y la que toma forma en Colombia.
“Todos los extranjeros son bienvenidos”
El gobierno de Colombia, según directrices de la canciller María Ángela Holguín y el director de Migración Colombia, Christian Kruger, vienen realizando cambios significativos en la política migratoria que tienen como propósito brindar a los ciudadanos venezolanos mejores condiciones de vida una vez deciden radicarse en Colombia. En este sentido, según informó Kruger, se han flexibilizado las normas y los procedimientos se han vuelto más expeditos para permitir que no solamente los venezolanos, sino todos los extranjeros, puedan permanecer en el país en condiciones dignas. “Son bienvenidos los extranjeros en nuestro país, pero deben cumplir, como nosotros en el exterior, las normas de cada país. Entonces el llamado es para que regularicen su situación”.
Las medidas que pueden contribuir al proceso
Si bien en los últimos años los cambios migratorios han sido importantes, aún se hacen necesarias nuevas modificaciones con el fin de optimizar el proceso de regularización no sólo de los venezolanos, sino de todos los extranjeros que buscan definir a Colombia como su destino de vida. Según expertos consultados por El Espectador, es necesario sustituir algunos artículos de la Ley de Migración y complementar las resoluciones expedidas por la Cancillería y Migración Colombia. La razón es que ante el éxodo masivo y otros factores las normas se han quedado cortas. Los juristas señalaron que es necesario cambiar la obtención del registro civil que sólo se logra con dos testigos que certifiquen el asunto, “el control debe ser mayor en este aspecto”.
