Fuentes consultadas por EFE señalaron que España se ha dado de plazo hasta el próximo 5 de enero.
España y la Unión Europea (UE) decidieron darse el plazo de un mes para definir su relación con la nueva Asamblea Nacional de Venezuela salida de las elecciones del pasado domingo 6-D y con su anterior presidente, el opositor Juan Guaidó, hasta ahora reconocido como “presidente encargado” de Venezuela, según fuentes oficiales españolas.
Así lo confirmaron este viernes 11 de diciembre fuentes del Ministerio español de Exteriores, que consideran que es necesario reflexionar con sosiego y con calma para encontrar una mayor unidad, que va a ser necesaria para alcanzar una solución política en Venezuela.
Según las fuentes consultadas, España se ha dado de plazo hasta el próximo 5 de enero, fecha en la que se constituye la nueva Asamblea, para definir su relación con calma, buscando mantener la unidad europea y de acuerdo con el derecho internacional.
Al mismo tiempo, la UE debe mandar la señal de que quiere seguir contribuyendo a apoyar los esfuerzos de los venezolanos para alcanzar una solución, apuntaron las fuentes.
Tanto España como el resto de la UE consideran que los resultados electorales no se ajustan a las reglas del juego democrático y el problema político “se ha enquistado”, por lo que reiteraron su llamamiento al sector oficialista del Gobierno de Nicolás Maduro y a los partidos de la oposición venezolana a “un mínimo de entendimiento” para responder a la crisis humanitaria en que se encuentra el país.
La nueva situación política coincide con la decisión de España de cerrar la agregaduría de Defensa en su embajada en Venezuela por “motivos presupuestarios”, en una opción adoptada por el Ministerio de Defensa que traslada la responsabilidad de mantener la interlocución con los militares venezolanos a la embajada en Cuba.
Fuentes del Ministerio de Defensa español confirmaron así la información que anunció este jueves la asociación civil venezolana Control Ciudadano y explicaron que el Ministerio “está reestructurando las agregadurías de Defensa en el extranjero”.
El agregado militar español era el único representante militar en Caracas de los países de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan).
La decisión fue adoptada de manera unilateral por España y atendiendo a motivos puramente presupuestarios, confirmaron también fuentes del Ministerio de Exteriores, que no quisieron hacer valoraciones al respecto.
Para Control Ciudadano, esta decisión española es “lamentable y afecta el seguimiento que España ha venido realizando a la crisis política y social venezolana, dados sus intereses y vínculos históricos con nuestro país”.
La presidenta de la organización, Rocío San Miguel, subrayó que, para la comunidad internacional, “no es un secreto la creciente inestabilidad política y social venezolana y la importancia de una buena interlocución con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la eventualidad de un manejo de crisis, planes de contingencia e incluso de evacuación de sus nacionales”.
En un comunicado, San Miguel se mostró sorprendida de que “contra todo pronóstico España prescinda de esta interlocución, de cara al que parece un decisivo 2021”, en una decisión que revela “un desinterés por Venezuela en materia de política exterior y de defensa” por parte de España.