Después de semanas de atender mesas, Danae De Vries está más cerca de cumplir el sueño de toda su vida: convertirse en una instructora de teatro.
Irónicamente, se lo debe a la pandemia del coronavirus. Fue luego del brutal confinamiento del año pasado que frenó la economía de España por semanas que los propietarios de una pequeña cadena de restaurantes en Madrid ofrecieron a De Vries recortar un día a su semana laboral.
La joven de 28 años se mostró indecisa al principio, pues de antemano batallaba para llegar a fin de mes en una ciudad que ha registrado un aumento en los precios de los alquileres. Sin embargo, la idea le entusiasmó cuando se le dijo que mantendría el mismo salario.
“Es una maravilla, porque me da tiempo a trabajar, a ver familia, amigos, tener tiempo para estudiar”, indicó. “Es maravilloso tener tiempo, no ir con prisas, poder tener esa paz interior”.
Que De Vries se sienta más feliz y motivada también es mejor para su jefa, María Álvarez, una empresaria que se vio obligada a realizar cambios considerables en sus dos restaurantes, proponiendo una semana laboral rotatoria de cuatro días. Álvarez, madre de dos bebés, y su socio de empresa emergente en La Francachela habían batallado para mantener el negocio operando sin tener ayuda en cuanto al cuidado infantil.
“Se llegó a sentir que la sociedad había dado la espalda a las familias, que habíamos sido traicionados”, explicó Álvarez. “Como duelos de un negocio, teníamos que hallar soluciones para nuestros negocios, nuestros empleados y también para nuestras vidas personales”.
El recorte de un día de trabajo por semana está a punto de aplicarse a nivel nacional en España —el primer país europeo en hacerlo. Un plan piloto de tres años hará uso de 50 millones de euros (59 millones de dólares) del fondo de recuperación de la Unión Europea por el coronavirus para compensar a cerca de 200 medianas empresas al tiempo que reajustan su fuerza laboral o reorganizan los procesos de trabajo a fin de adaptarse a una semana laboral de 32 horas.
Los fondos serán destinados al subsidio de todos los costos extras de los empleadores durante el primer año de prueba y posteriormente reducir la ayuda del gobierno a 50% y 25% cada año consecutivo, de acuerdo con el plan del partido progresista Más País detrás de la iniciativa.
La única condición es que el reajuste lleve a una reducción neta real de las horas de trabajo mientras se mantienen los salarios determinados en los contratos de tiempo completo, explicó Héctor Tejero, un legislador perteneciente a Más País en la asamblea regional de Madrid. AP
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