Cuba permitirá que 1,4 millones de sus ciudadanos emigrados aporten en la elaboración de la nueva Constitución, convirtiéndose en su primera participación en un debate político interno desde el triunfo de la revolución de 1959.
Esto «constituye un hecho inédito en la historia de la revolución», dijo Ernesto Soberón, quien encabeza la Dirección de la Cancillería dedicada a los Cubanos Residentes en el Exterior.
El Parlamento aprobó en julio un proyecto de nueva Constitución que será sometido a debate popular del 13 de agosto al 15 de noviembre. Esta nueva Carta Magna debe sustituir a la de 1976. En el caso de los residentes en el extranjero, su participación en línea quedará habilitada desde septiembre.
El resultado de esa consulta, a la cual podrán acceder más de ocho millones de residentes mayores de 16 años en la isla, será luego sometido a un referendo, antes de regresar al Parlamento para su visto bueno final.
La nueva Constitución reconocerá el papel del mercado y la actividad privada en la economía socialista de la isla, aunque siempre bajo la tutela del único y gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC).
Según Soberón, «todos los cubanos residentes en el exterior podrán participar en el debate» a través de una sección que se habilitará en el sitio de Internet «Nación y Emigración» de la Cancillería. No precisó si también podrán participar en el referendo.
El gobierno estima en 1.400.000 personas su comunidad en el exterior, dispersa en 120 países, aunque con núcleos muy importantes en Estados Unidos, España, México y Colombia. La isla tiene 11,2 millones de habitantes.
El funcionario desestimó la influencia de los grupos anticastristas para impedir este proceso. «En la actualidad, constituyen una exigua minoría aquellos sectores de la emigración que abogan por el derrocamiento de la Revolución», dijo.
Señaló que las personas en el exterior interesadas «podrán emitir su criterio cuantas veces deseen» por las vías establecidas y aseguró que «el procesamiento de datos va a ser el mismo» que se aplique en las consultas en la isla.
Desde 1959 hasta 1975 el gobierno de Fidel Castro (1926-2016) consideró como «desertores» y «traidores» a los cubanos que abandonaban la isla.
Pero a partir de 1978 comenzó un proceso de acercamiento con los sectores que no mantenían una posición hostil contra su gobierno, que abarcó varias reuniones de representativos a partir de la década de 1990, cuando también se autorizó las visitas a la isla y el envío de remesas monetarias.
Según el diario oficial Granma, se calcula que del 13 de agosto al 15 de noviembre se realicen en el país 135.000 asambleas de consultas en centros laborales, estudiantiles, y en barrios