La fiscalía del Tribunal Supremo español investigará si existe responsabilidad penal del rey emérito Juan Carlos en una trama de presuntas comisiones por un contrato en Arabia Saudita, que alimenta las sospechas de una fortuna opaca del antiguo monarca.
Desde 2018, la justicia investiga estos hechos ocurridos en 2011 pero el Triunal Supremo es el único que puede indagar las acciones del monarca y solamente a partir de junio de 2014, cuando abdicó y perdió la inviolabilidad como jefe de Estado.
La fiscalía del alto tribunal explica que asume la causa porque Juan Carlos I, de 82 años y retirado en 2019 de la vida pública, es «una de las personas involucradas en los hechos investigados» y son necesarias «nuevas diligencias que afectan directamente» a su figura.
«Esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad», añade en un comunicado.
La causa se inició en septiembre de 2018 a raíz de las filtraciones de unas grabaciones a su examante, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, que aseguraba que Juan Carlos I había cobrado a través de una intermediaria iraní una comisión por la concesión del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina a un consorcio de empresas españolas.
«Se trataría de un posible delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales», había señalado entonces la fiscalía.
En España se le atribuyó al rey un papel decisivo en la atribución en 2011 de ese contrato de 6.700 millones de euros (unos 7.500 millones de dólares) al consorcio español para construir la línea ferroviaria en medio del desierto, finalmente inaugurada en 2018.
El partido de izquierda radical Podemos, actualmente en el gobierno dirigido por el socialista Pedro Sánchez, advirtió que intentarán hacer una investigación parlamentaria del caso, que ha sido rechazada anteriormente.
«No es soportable en un país moderno como España que la corona pueda ser una pantalla para enriquecerse y delinquir», tuiteó su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique.
– Un legado discutido –
Reconocido durante décadas como figura clave de la transición democrática, el legado del monarca (1975-2014) se ve enturbiado en los últimos años por las sospechas de detentar una fortuna opaca, sobre todo derivada de sus lazos con las monarquías del Golfo.
Recientemente aparecieron varias informaciones de prensa que llevaron a su hijo y heredero, Felipe VI, a retirarle la asignación de la Casa Real que, según medios españoles, ascendía a más de 194.000 euros anuales (unos 219.000 dólares).
El diario suizo Tribune de Gèneve publicó a principios de marzo que Juan Carlos recibió, en 2008, 100 millones de dólares del rey Abdalá de Arabia Saudita, en una cuenta en Suiza de una fundación panameña.
A mediados de ese mes, el británico The Daily Telegraph indicó que Felipe VI era también beneficiario de esa fundación.
La Casa Real aseguró que el monarca pidió a Juan Carlos dejar sin efecto esa designación como beneficiario y renunció a cualquier herencia suya.
La sombra de su progenitor hace polvo los esfuerzos de Felipe VI de marcar distancias con los numerosos escándalos que estallaron al final del reinado de Juan Carlos, que corroyeron la hasta entonces buena imagen de la monarquía y terminaron provocando su abdicación.
El yerno de Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, y su hija Cristina de Borbón fueron juzgados por un caso de corrupción que terminó con él condenado a casi seis años de cárcel por malversación.
El mismo rey emérito se vio duramente cuestionado en 2012 al conocerse que se rompió una cadera durante una cacería de elefantes en Botsuana mientras los españoles sufrían las draconianas políticas de austeridad impulsadas durante la crisis económica.
Aunque perdió la inviolabilidad al abdicar, el Congreso le concedió la condición de aforado por la que solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo, como ocurre con otros dirigentes políticos como los miembros del ejecutivo o los diputados del Congreso. AFP