El Supremo Tribunal Federal (STF) decidió este jueves que es inconstitucional la prisión de una persona en segunda instancia, lo que podría conducir a la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril de 2018, y otros miles de reclusos.
Tras igualarse los votos por cinco a cinco, el presidente del Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli, votó contra la constitucionalidad de que se cumpla la pena de prisión.
Dias Toffoli argumentó que el artículo 283 del Código de Procedimiento Penal establece que una persona solo puede ser arrestada después de que se haya dictado una sentencia final, es decir, cuando no hay más recursos judiciales en proceso. El presidente del STF refirió que ante la situación de violencia en el país, la prisión en segunda instancia no resuelve esos problemas.
«Solo las sociedades autocráticas, que no reconocen los derechos básicos de sus ciudadanos, repudian y desprecian el derecho fundamental de cualquier individuo de ser considerado siempre inocente hasta que ocurra la cosa juzgada final», argumentó previamente el ministro Celso de Mello en su intervención, con el que se igualó la votación.
Aunque Dias Toffoli había declarado que el caso «no se refiere a ninguna situación en particular», el país permanecía pendiente por saber qué pasaría con el proceso penal del expresidente Lula.
«El caso Lula ha contaminado de alguna manera todo este debate en vista de toda esta polarización. Lo que resultó no ser bueno para un debate», refirió el ministro Gilmar Mendes, quien votó contra la ejecución anticipada de penas.
Lula
El expresidente (2003-2010) cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de un departamento, en el marco de la ‘Lava Jato’. El antiguo líder sindical ya fue condenado por el STJ, pero le quedan todavía recursos pendientes. Por lo que, si el STF decide cambiar la jurisdicción, el exmandatario saldría de la cárcel para seguir el proceso en libertad.
Lula siempre ha negado las acusaciones y alega que ha sido víctima de una conspiración para impedir que se presentara a las elecciones presidenciales de octubre de 2018. La condena del departamento dictada por el exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, Sergio Moro, inhabilitó al líder petista como candidato en los comicios en los que era el gran favorito.
La modificación de la jurisprudencia supone un duro para Moro, que estuvo al frente de la mayoría de los juicios de la Lava Jato, y también para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien en la campaña para las elecciones en 2018 prometió que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se «pudriría en la cárcel».
La polémica jurisdicción
En 2016, la Corte autorizó la ejecución de la pena antes de que se agotaran todas las apelaciones. El Colegio de Abogados de Brasil (OAB), el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y el partido Patriota recurrieron con el argumento de que la presunción de inocencia impide la ejecución de una sentencia mientras todavía haya recursos en tribunales superiores, es decir, ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ) o el Tribunal Supremo.
La medida también afecta a 4.900 presos, entre los que se encuentran decenas de condenados en el caso anticorrupción Lava Jato,según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ). Los considerados peligrosos o que fueron presos de manera preventiva no accederán a la libertad. La salida de prisión tampoco será inmediata y la Justicia analizará caso por caso.