El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, exigió este lunes al gobierno de Venezuela respetar los derechos civiles de los venezolanos y liberar a los detenidos en el marco de las protestas postelectorales, tras las cuestionada proclamación de la reelección de Nicolás Maduro, que desató una ola de persecución política, represión y detenciones arbitrarias.
«Después de las elecciones de este año, insistí en mis comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas sobre la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquiera que estuviera protestando pacíficamente», afirmó Khan.
Asimismo, el fiscal recordó que el Estado venezolanos tiene la obligación de facilitar el acceso de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
«Esto se me había prometido previamente por escrito, pero aún no se ha materializado», precisó.
En cuanto a las investigaciones que inició la CPI sobre denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, Khan recordó que siguen en curso y que la falta la acción del régimen de Maduro pone en riesgo la posibilidad de avanzar en el principio de complementariedad.
«No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que había esperado. La pelota está en el lado de Venezuela. La ruta de la complementariedad se está agotando», sentenció.
Las declaraciones del titular de la CPI surgen luego de que este domingo decenas de opositores venezolanos se manifestaron por la libertad de los presos políticos, la mayoría detenidos durante las protestas que estallaron tras la cuestionada reelección de Maduro, quien en paralelo encabezó un acto «por la defensa de la Navidad».
La protesta fue convocada por la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad y ausente en la concentración. Pedía a la Corte Penal Internacional que presione para lograr la excarcelación de poco más de 1.900 detenidos, incluidos 42 menores de edad, según la ONG Foro Penal.