El mandatario queda suspendido de sus funciones mientras el Tribunal Constitucional delibera si confirma la decisión. El primer ministro, Han Duck-soo, asumirá como presidente interino
El Parlamento de Corea del Sur votó este sábado a favor de destituir al presidente Yoon Suk Yeol debido a su controversial decreto de ley marcial del 3 de diciembre, que generó una profunda crisis política en el país.
La moción de juicio político fue aprobada por 204 votos a favor y 85 en contra en la Asamblea Nacional. A partir de la entrega oficial del documento de destitución al presidente y al Tribunal Constitucional, Yoon quedará suspendido de sus funciones.
El tribunal tendrá un plazo de hasta 180 días para decidir si ratifica su destitución o restaura sus poderes. En caso de que se confirme su remoción, deberá realizarse una elección nacional para elegir a su sucesor en un plazo de 60 días. El primer ministro, Han Duck-soo, asumirá como presidente interino durante este período.
Este fue el segundo intento del Parlamento para destituir a Yoon. La primera moción, presentada la semana pasada, no prosperó debido a que la mayoría de los legisladores del gobernante Partido del Poder del Pueblo boicotearon la votación.
Sin embargo, en esta ocasión, varios legisladores oficialistas anunciaron que apoyarían la destitución ante el creciente descontento público, las protestas masivas y el desplome de la aprobación del presidente, que ha alcanzado niveles históricamente bajos.
En las últimas dos semanas, decenas de miles de ciudadanos salieron cada noche a las calles de Seúl, soportando temperaturas bajo cero para exigir la destitución y arresto de Yoon.
Entre consignas, cantos y bailes, los manifestantes utilizaron incluso barras de luz de K-pop como símbolo de protesta. Paralelamente, miles de simpatizantes conservadores del presidente realizaron concentraciones pacíficas en la capital para oponerse a su destitución.
El decreto de ley marcial emitido por Yoon, el primero en más de 40 años en Corea del Sur, tuvo una duración de apenas seis horas, pero desató un caos político que paralizó actividades diplomáticas y afectó los mercados financieros.
El Parlamento votó unánimemente para revocar el decreto, obligando a Yoon a retirarlo. Antes de la votación, el presidente desplegó cientos de tropas y policías en un intento de bloquear al Parlamento, pero se retiraron sin que se produjeran enfrentamientos violentos.
Los partidos opositores y varios expertos legales acusaron a Yoon de rebelión, argumentando que su decreto violó la Constitución.
Según la ley surcoreana, el presidente solo puede declarar la ley marcial en tiempos de guerra o emergencias similares, y no tiene autoridad para suspender las operaciones del Parlamento, incluso bajo este régimen excepcional.
La moción de juicio político señala que Yoon “cometió un acto de rebelión que afecta la paz en la República de Corea al orquestar una serie de disturbios”, y que su decreto buscaba socavar la Constitución y amenazar al Parlamento y a la población.
En un encendido discurso el jueves, Yoon rechazó las acusaciones de rebelión y defendió su decreto como un acto de gobierno legítimo. Acusó al principal partido opositor, el Partido Democrático, de ser una “fuerza antiestatal” que utiliza su mayoría legislativa para bloquear el funcionamiento del gobierno.
“Lucharé hasta el final para evitar que las fuerzas y grupos criminales que paralizan el gobierno y alteran el orden constitucional amenacen el futuro de la República de Corea”, afirmó.
El líder del Partido Democrático, Lee Jae-myung, calificó las declaraciones de Yoon como “una declaración de guerra contra su propio pueblo”.
A pesar de que los partidos de oposición cuentan con 192 de los 300 escaños del Parlamento, necesitaban el apoyo de al menos ocho legisladores oficialistas para alcanzar la mayoría requerida de dos tercios, lo que lograron en esta votación.
Yoon, quien tiene prohibido salir del país, enfrenta una investigación en curso por posibles delitos de rebelión, abuso de poder y otros relacionados con su decreto de ley marcial.
Según la ley surcoreana, un presidente no tiene inmunidad frente a cargos de rebelión o traición, lo que lo expone a ser investigado, arrestado o incluso procesado. Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Además de Yoon, varios altos funcionarios, incluido su ministro de Defensa, el jefe de la policía nacional y el líder de la policía metropolitana de Seúl, fueron arrestados por su participación en el caso.
Otros altos mandos militares y gubernamentales también están bajo investigación, mientras el país atraviesa una de las crisis políticas más graves en su historia reciente.
(Con información de Associated Press)