A partir de este sábado, 11 de julio, el exnuncio de República Dominicana, Jozef Wesolowski, enfrentará un proceso judicial sin precedentes.
Este día tiene lugar la audiencia inicial de su caso, el primero por pederastia en un tribunal del estado de la Ciudad del Vaticano.
El polaco está acusado de abusar sexualmente de menores durante los cinco años en que desempeñó el cargo en el país caribeño, entre el 24 de enero de 2008, cuando fue nombrado, y el 2 de agosto de 2013, cuando se vio obligado a dimitir.
También se le señala de posesión de material pornográfico de menores. Éste le fue descubierto durante su estancia en Roma, entre agosto de 2013 y su arresto el 22 de septiembre de 2014.
Pero no será la primera vez en ser procesado por esos delitos.
Wesolowski, de 66 años, ya fue juzgado con base en el derecho canónico, el ordenamiento jurídico propio de la Iglesia católica, y fue condenado a la pena máxima otorgada a un prelado.
La Congregación para la Doctrina de la Fe, el otrora Santo Oficio y el encargado de procesar los casos de abusos sexuales a menores de 18 años por miembros de la Iglesia, le quitó el estado clerical.
Así, tras ser expulsado del sacerdocio, debe cumplir penitencia, llevando una vida de oración. Además, no le está permitido celebrar misa de forma pública ni administrar los sacramentos. Tampoco puede usar el traje clerical, ni presentarse públicamente como sacerdote.
El 23 de septiembre pasado, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Federico Lombardi, informó que por «la gravedad de los cargos (que pesan sobre el exnuncio)», el Tribunal de Primera Instancia del Estado de la Ciudad del Vaticano le impuso «medidas restrictivas».
Esas medidas, debido a su estado de salud, significan arresto domiciliario.
Y es ahora, tras una investigación penal, cuando inicia este juicio extraordinario.
«Hecho sin precedentes»
«Es un hecho sin precedentes», concede Jorge Otaduy, experto en derecho canónico de la Universidad de Navarra, en España, a BBC Mundo.
Algo con lo que concuerda Ana María Celis, directora del Departamento de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
«Es extraordinario porque normalmente este tipo de casos son juzgados en base al derecho canónico», explica Otaduy.
Pero esta vez el polaco será procesado por un tribunal y de acuerdo a la jurisdicción del estado de la Ciudad del Vaticano, lo más cercano posible a una corte convencional, teniendo en cuenta las particularidades del microestado.
Al haber sido nuncio -diplomático del Vaticano- Wesolowski está sujeto a la jurisdicción de ese estado soberano, así como lo están el resto de funcionarios o ciudadanos que hayan cometido delitos en el enclave romano o en el extranjero, explica Celis.
«Los tribunales del estado de la Ciudad del Vaticano son análogos a los de cualquier estado», aclara Otaduy. «Tienen todos los elementos para asegurar la independencia judicial y sus miembros son juristas de reconocido prestigio, la mayoría laicos», explica.
Estos se basan «en un ordenamiento jurídico completo y actualizado, tras una reforma que comenzó con Juan Pablo II en 2001 y continuó con Benedicto XVI».
Y sus penas no se limitan a la excomunión o la expulsión del sacerdocio. Pueden dictar sentencias de cárcel.
«Si los delitos que se acrediten son de la ley número VIII, artículo 10 -pedopornografía- la pena podría ser de reclusión (6 a 12 años) y multas (50.000 a 250.000 euros, de US$55.100 a US$275.900)», señala Celis.
Y añade: «Si en cambio o además se verifica el delito del artículo 11 de la ley mencionad a-posesión de material pedopornográfico- las sanciones pueden ser de reclusión hasta de 2 años y multa de entre 1.500 y 100.000 euros (US$1.655 y US$110.382, aproximadamente)».
Está el ejemplo del mayordomo del papa, Paolo Gabriele, condenado por un tribunal del Vaticano a año y medio de cárcel por robar la correspondencia secreta de Benedicto XVI.
Fue un caso sonado, pero este promete serlo más, ya que a Wesolowski es además un cargo alto en la jerarquía eclesiástica y se le juzga por la piedra en el zapato de la Iglesia católica, la pederastia.
Críticas al juicio
Pero aunque sea un juicio sin precedentes, no todos lo aplauden.
La organización británica National Secular Society (NSS, Sociedad Secular Nacional), organización que hace campaña por la separación de la iglesia y el estado, insiste en que es un intento de la Iglesia de evadir la justicia ordinaria y seguir juzgando a sus altos cargos «en casa».
«El Vaticano no puede proveer de un juicio justo, al menos no como lo haría República Dominicana», cree Keith Porteous Wood, director ejecutivo del organismo.
La iglesia Católica anunció que, para garantizar que el juicio sea imparcial, analizará «con el mayor escrúpulo» todas las pruebas aportadas por testimonios recogidos por las autoridades competentes de Santo Domingo y demás análisis.
Sin embargo, para Porteous Wood, la iglesia «no tiene un sistema de justicia criminal establecido o experimentado, la objetividad de cualquier juicio está en duda cuando el estado es en esencia la misma iglesia, y es inconcebible que montones de testigos, un fiscal del estado de República Dominicana y una representante legal de las víctimas acudan (al Vaticano)».
En ese sentido, aboga porque lo extraditen y critica al Vaticano por no facilitar ese proceso.
Los fiscales de Polonia, de donde es originario, han buscado su extradición. Aunque NSS cree que Wesolowski ha renunciado a su pasaporte polaco, lo que lo impediría. Pero BBC Mundo no ha podido comprobar ese dato.
Y las autoridades de República Dominicana, país en el que presuntamente tuvo lugar una parte de los delitos, han solicitado información sobre cómo se debe proceder y por el momento no han obtenido respuesta.
«Lo que tiene que hacer el Vaticano es juzgarlo», opina en ese sentido Otaduy. «La extradición la tendrá que valorar el tribunal en base a los argumentos de los estados peticionarios».
La experta en derecho canónico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ana María Celis, sin embargo, dice: «Cada estado reclama los delitos cometidos contra sus nacionales, y en ese sentido si Jozef Wesolowski cometió contra delitos contra ciudadanos de otros países, me parece natural que reclamen su derecho a juzgarlo».
Mientras no haya extradición, la National Secular Society y otras asociaciones de víctimas de abusos de curas consideran a Wesolowski un «prófugo de la justicia».
«Desapareció (de República Dominicana) y claramente voló en secreto al Vaticano, lejos del alcance de otras autoridades», remarca Porteous Wood.
Persecución de encubridores
Más allá de las críticas, el juicio al exnuncio de República Dominicana podría interpretarse como un paso más de la Iglesia católica para acabar con una de sus mayores lacras.
Así se ha considerado también otra decisión reciente, la de incluir el delito de «abuso de oficio episcopal» en el derecho canónico, en referencia al comportamiento de los obispos que hayan ignorado o no hayan dado un seguimiento adecuado a las denuncias de abusos sexuales por parte de religiosos.
El papa Francisco aceptó así la propuesta de la Comisión Pontificia para la tutela de los menores para que no solo se persiga a los curas pederastas, sino también a sus encubridores.
Y muchos lo consideran por ello el sumo pontífice que está aplicando mano dura al asunto por primera vez, algo que ya empezó con Benedicto XVI según aclaran los expertos consultados por BBC Mundo.
Ahora, con los últimos cambios, los religiosos que hayan supuestamente incurrido en ese delito serán juzgados por una sección paralela y específica, pero que dependerá de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio que se encarga, entre otras cosas, de juzgar los delitos de pederastia.
«Existen ya las bases en el Código de Derecho Canónico. Lo que definimos ahora es el procedimiento a afrontar en estos casos», explicó el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, este mismo junio.
Sin embargo, hay muchas incógnitas en torno a este nuevo tribunal adjunto.
BBC Mundo intentó aclararlas, preguntando a la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre su estructura, conformación y penas, tanto por teléfono como por correo electrónico, pero no obtuvo ninguna información.
Lo que sí se sabe es que para implementar y evaluar todo ello la Iglesia prevé un periodo de 5 años.
«Tácticas de relaciones públicas»
Así que, a falta de más datos, las organizaciones de víctimas han mostrado su escepticismo.
«En el mejor de los casos, la mayoría de los paneles sobre abusos de la iglesia han resultado ser una distracción ineficiente. Y en el peor, tácticas manipuladoras de relaciones públicas», dice Barbara Blaine, la presidenta de Survivors Network of Those Abused by Priests (SNAP), una organización de víctimas de la violencia sexual del clero con presencia en 79 países.
«Y sospecho que esta vez no será distinto».
«Es un intento cínico más de evadir la justicia secular», añade el director ejecutivo de la National Secular Society.
Y fijándose en las cifras, no son muchos los miembros de la Iglesia católica relacionados con casos de pederastia que hayan sido procesados por la justicia ordinaria.
Un informe del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas presentada a la Santa Sede en abril de 2014, incluía 15.000 casos de abusos documentados y acusaba al Vaticano de «sistemáticamente» adoptar políticas que permitían el abuso sexual de decenas de miles de menores por sacerdotes.
Y son más los religiosos que se han sentado en el banquillo de un tribunal laico acusados de abusar de menores que aquellos que lo han hecho por haber encubierto a pederastas.
De los segundos, hay dos casos.
William J. Lynn, el exsecretario de la Arquidiócesis de Filadelfia, Estados Unidos, fue condenado a entre 3 y 6 años de prisión en 2012 por encubrir a un cura que abusó sexualmente de un monaguillo de 10 años. Y en abril de este año el tribunal rechazó su recurso y reafirmó la sentencia, por «poner el bienestar de menores en peligro».
Y el mismo año en el que Lynn fue condenado por primera vez fue sentenciado también otro religioso estadounidense por el mismo delito, el obispo de la diócesis de Kansas-Saint Joseph, Robert William Finn.
Según el auto, éste encontró imágenes pornográficas de menores en la computadora de un miembro de la diócesis, Shawn Ratigan, en diciembre de 2010 y tardó cinco meses en hacérselo saber a la policía. En ese tiempo Ratigan siguió haciendo de las suyas, tomando fotos a niños, sin que la comunidad supiera nada.
Fue condenado a dos años de libertad condicional.
Lynn y Finn fueron jugados y condenados, algo que se reclama también para otros clérigos.
Este mismo año los activistas Juan Carlos Cruz, José Barba, Joaquín Aguilar, José Antonio Pérez y el exsacerdote Alberto Athié solicitaron de nuevo la destitución del cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera, a quien acusan de proteger y encubrir sistemáticamente a pederastas como Marcial Maciel, el fundador de la congregación de la Legión de Cristo, uno de los casos más sangrantes de abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia.
Aguilar, representante de SNAP en México, explicó que buscan acusar al cardenal de omisión de denuncias de pederastia.
¿Y la justicia ordinaria?
¿Pero por qué, más allá de algunas excepciones, los miembros de la Iglesia católica acusados de pederastia o de su encubrimiento no son procesados por la justicia ordinaria, y en el mejor de los casos lo son sólo por tribunales eclesiásticos?
Podría ser porque «el delito ha prescrito» para el ordenamiento estatal, «porque no se logró o no se alcanzó el grado de certeza necesaria (…) o debido al desistimiento de la víctima ante sistemas que la revictimizan», explica Celis.
La iglesia Católica tampoco se caracteriza por facilitar evidencias a los tribunales, señala la NSS.
Y más dura es aún SNAP.
«Hay diversos factores: obispos hábiles, abogados defensores inteligentes, fiscales tímidos y leyes seculares arcáicas», dice David G. Clohessy, el director de la red, a BBC Mundo.
«Los obispos son hombres bien educados con abogados con muchos conocimientos», comienza. «La mayoría de los prelados han tratado temas de abusos. Así que saben qué hacer para escudarse de cualquier crítica», continúa.
«Hacen cualquier cosa para evitar tener que responder a preguntas difíciles bajo juramento. Saben que si se esconden tras su portavoces, sus abogados y los tecnicismos legales, pueden seguir engañando a padres, feligreses, policías, fiscales y el público sobre cuánto sabían y cuán poco hicieron ante clérigos que abusaban sexualmente de menores», explica.
«Utilizan cualquier táctica o maniobra legal, aunque sea cara, hipócrita, dañina o agresiva, para bloquear las investigaciones seculares sobre cómo encubrieron a depredadores y pusieron en peligro a niños».
Esto es favorecido por una «legislación anticuada y débil», según el experto. «Y con frecuencia la policía y los fiscales son reacios a presentar cargos contra oficiales de la Iglesia por el poder y popularidad de estos, y porque saben que los obispos pueden contratar a abogados de primera categoría y pelear de forma brutal en los tribunales durante años».
En el pasado ha habido miembros de la Iglesia que han declarado que los curas pederastas deberían ser juzgados por la justicia ordinaria.
Así lo dijo el prelado italiano Claudio María Celli, presidente del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, en una visita a Bogotá en junio de 2009.
Algo que también declaró el cardenal brasileño Claudio Hummes, prefecto para la Congregación para el Credo, en una entrevista ofrecida al diario del Vaticano, L’Osservatore Romano, en diciembre de 2010.
Aunque con las últimas decisiones del papa Francisco, parece que la lucha contra la pederastia en la Iglesia católica se librará de momento en otros tribunales.