El Ejército de Chile removió este viernes a 21 generales, una profunda renovación del alto mando de la institución sacudida por una investigación por un millonario fraude que involucraría a decenas de sus oficiales.
El retiro de los generales se resolvió “atendiendo a diversas consideraciones que comprenden la renuncia voluntaria, el término de la carrera militar, la evaluación de la gestión y las necesidades institucionales”, explicó el Ejército en un comunicado, sobre el mayor cambio del alto mando militar de los últimos años.
En total, en torno al 45% de los altos mandos han sido apartados y ya han sido sustituidos, según el comunicado del Ejército.
Las remociones de los 21 generales -la mayoría en edad de extender por varios años su carrera militar- se producen a semanas de que la justicia militar dictaminara prisión preventiva para el segundo mando del Ejército, el general John Griffiths.
El procesamiento de Griffiths, ya en libertad tras pagar la fianza, se dio en el marco del llamado “Milicogate”, una megacausa que investiga desde hace dos años a una red de uniformados y civiles por apropiación indebida de millonarios fondos -derivados de la ley reservada que entrega a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas de cobre de la cuprífera estatal Codelco- utilizados para viajes.
El militar está siendo investigado por orquestar maniobras con dinero público para usar a su favor y el de otros oficiales, que podrían incluir a algunos de los generales removidos, según medios locales.
Recuperar la confianza
Esta tarde, el ministro de Defensa, Alberto Espina, aclaró que “sería incorrecto e injusto deducir que todos los generales llamados a retiro están involucrados en los hechos investigados por la justicia”.
Sin embargo, reconoció que uno de los motivos de su paso a la reserva podría ser la investigación que intenta limpiar al Ejército de los implicados en maniobras fraudulentas, como la compra de pasajes a agencias compinchadas con ellos, que les “vendían” los más caros y después los devolvían comprándose otros más baratos para embolsarse la diferencia.
En las agencias de viaje implicadas trabajaban familiares cercanos.
Asimismo, la fiscalía de Aysén (sur) investiga el presunto desvío de recursos del Fondo de Ayuda Mutua del Ejército (FAM), en Coyhaique, destinado a pagos indebidos a funcionarios en ejercicio y en retiro, una práctica que se remonta a 2011 y que habría producido un desvío de cerca de 4,4 millones de dólares.
Los casos de corrupción en el Ejército se suman a múltiples causas por fraude abiertas en filas de Carabineros (Policía), por las que decenas de policías de distintos rangos fueron dados de baja, en medio de un megafraude al interior de la institución.
Más de 40 millones de dólares se habrían desviado a cuentas particulares de policías y civiles desde 2006, según la investigación.
El estallido de los casos de corrupción en el seno de los Carabineros y más recientemente del Ejército minó el apoyo de la población a estas instituciones, en particular a la Policía, que perdió la gran aceptación y popularidad que ostentó por décadas cautiva de los delitos financieros cometidos por sus oficiales.