El gobierno de Estados Unidos confirmó que el tratado de extradición firmado con Venezuela en 1922 sigue vigente, y que constituye la base legal para cualquier solicitud de entrega de fugitivos entre ambos países, según declaraciones de fuentes oficiales del Departamento de Estado.
El acuerdo, firmado en enero de 1922 y ratificado posteriormente por ambas naciones, establece un marco jurídico para procesar la extradición de personas acusadas o condenadas por delitos graves, garantizando la cooperación judicial transnacional.
La interpretación estadounidense del tratado entra en tensión con la Constitución de Venezuela, que prohíbe de manera absoluta la extradición de nacionales. Según el Departamento de Estado, sin embargo, el acuerdo bilateral sigue siendo la norma rectora bajo el derecho internacional, lo que abre la puerta a posibles solicitudes futuras de entrega o reclamaciones judiciales desde Estados Unidos.
Aunque el tratado tiene más de un siglo, su aplicación depende de tribunales competentes que equilibren la obligación internacional con las garantías legales modernas. Expertos en derecho internacional destacan que este tipo de acuerdos históricos siguen siendo relevantes siempre que sean interpretados conforme a los estándares actuales de derechos humanos y debido proceso.
Este cruce entre obligaciones internacionales y normas constitucionales nacionales refleja la complejidad de los tratados de extradición en la actualidad, sobre todo en contextos donde la cooperación judicial se ve limitada por restricciones legales internas.