El fiscal Preet Bharara está dispuesto a mostrar al jurado la riqueza y el poder del que gozaban los acusados antes del arresto, y las facilidades que tenían los dos sobrinos de Nicolás Maduro para usar el aeropuerto de Maiquetía para enviar droga a los EEUU.
El gobierno de los Estados Unidos solicitó a la corte del Distrito Sur de Nueva York que niegue la solicitud de moción de carácter previo, hecha por los dos acusados de delitos de narcotráfico, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas en la cual piden que se excluya de las pruebas presentadas al jurado los siguientes aspectos:
(1) Excluir las prueba o los argumento con respecto al estado financiero de los demandados y su estilo de vida,
(2) No incluir testimonios de informantes confidenciales sobre la identidad de una sustancia el polvo blanca (cocaína),
(3) Evitar que fuere admitida referencia a las FARC en las declaraciones posteriores a la detención y oídas en las declaraciones dadas a los informantes del Gobierno, y
(4) Impedir diversas declaraciones formuladas por los demandados a los informantes confidenciales donde se menciona que usarían dinero de la droga para pagar la campaña de Cilia Flores al congreso.
El fiscal Preet Bharara deja saber, en un documento de 23 páginas, que usará en el juicio las evidencias que muestran que los acusados trataron de obtener beneficios económicos usando sus conexiones políticas y la autoridad de sus familiares en Venezuela, mediante el uso de uno de los aeropuertos más grandes del país para enviar enormes cargas de cocaína que estaban destinadas a los Estados Unidos».
El documentos señala que después de haber sostenido desde julio de 2016 que los acusados carecían de la capacidad, los medios y la inclinación para participar en la conspiración por la cual están siendo procesados, la defensa ahora trata de impedir que el gobierno presente las evidencias que demuestra todo lo contrario.
Asimismo, sostiene que la defensa insiste en el argumento que las grabaciones hechas por los informantes confidenciales del gobierno, fueron registradas de manera selectiva. «Los acusados tratan de forzar al Gobierno a presentar al jurado sólo extractos de las sesiones grabadas, mientras que al mismo tiempo, señalan que faltan los segmentos que contienen materiales exculpatorios. Los acusados no pueden tener las dos cosas a la vez», acota Bharara.
Por otra parte, la corte no puede aprobar que el gobierno no exhiba ante el jurado las pruebas que muestran las declaraciones grabadas en las que Campos Flores confiesa:
(1) los motivos para cometer el delito (una mezcla de razones financieras y políticas),
(2) el acceso que tenían a su riqueza y el estatus de poder que serían como las herramientas necesarias para llevar a cabo el crimen (como los jets privados que podrían llegar y salir de Venezuela sin control), y
(3)Sus conexiones con los traficantes de drogas que podrían suministrar con las cantidades de cocaína que discutieron con las fuentes confidenciales (es decir, la FARC).
Explica la fiscalía que «las evidencias que los acusados quieren eliminar consisten, en su mayor parte, en las propias palabras e intenciones con respecto a cómo y por qué los acusados planificaron todos los elementos para llevar a cabo el delito que se les imputa».
Argumenta que las pruebas son de alto valor probatorio y no alargarán el juicio, ya que serán presentadas principalmente a través de grabaciones y testimonios de testigos del gobierno.
por Maibort Petit/@maibortpetit/Venezuela Política en noticiasaldiayalahora.co