Durante los últimos días Estados Unidos ha elevado el tono contra el Gobierno de Nicolás Maduro, lo que podría indicar que la Administración Obama estaría recalibrando su estrategia hacia Venezuela. El pasado miércoles, el vicepresidente Joe Biden, pronunció las acusaciones más duras que el Gobierno estadounidense ha realizado hasta la fecha contra el régimen venezolano. Dos días después, analistas de inteligencia suministraron información a la agencia Associated Press –todo apunta a que por indicación superior–, para poner más presión sobre Maduro.
Washington teme que en el país caribeño estalle una crisis humanitaria, lo que obligaría a Estados Unidos a poner en marcha un amplio dispositivo para el envío de alimentos y medicinas, algo que únicamente ese país puede aportar de forma inmediata. Personas que han auxiliado a la Administración estadounidense a diseñar un hipotético suministro de ayuda aseguran que Washington preferiría una marcha prematura, pero ordenada, de Maduro antes de que la situación pueda derivar en caos social o incluso guerra civil.
Los analistas de inteligencia estadounidenses, según la información difundida por AP, están cada vez más convencidos de que Maduro probablementeserá apartado por miembros del propio chavismo antes de que termine su periodo en el cargo. Maduro fue designado presidente en abril de 2013 y su mandato es por seis años.
De acuerdo con esas fuentes, basadas en informaciones que no aportaron, a medida que la economía de Venezuela se descontrola, la posición de Maduro se va debilitando en el seno del chavismo. Eso puede llevar a un periodo de agitación política potencialmente violenta que aún perjudicará más la ya complicada situación económica, pues tendrá consecuencias en los mercados petroleros y de deuda.
«Los funcionarios dijeron que la mayor preocupación para el Gobierno del presidente Obama es que las profundas divisiones políticas y crecientes penurias económicas pudieran detonar violencia del tipo de la registrada en Caracas en 1989, cuando al menos 300 personas murieron durante disturbios, saqueos y enfrentamientos con la Policía», informa AP.
Un golpe de estado poco probable
Las agencias de inteligencia de Estados Unidos, en cualquier caso, no han visto elementos que indiquen que un golpe de Estado militar pueda estar en marcha. El escenario más probable, según manifestaron, sería un golpe palaciego. Para los sectores del chavismo críticos con Maduro la manera de darlo sería votar contra el presidente en el referéndum revocatorio que está impulsando la oposición. Esta está exigiendo que la consulta popular se celebre este mismo año, lo que llevaría a elecciones presidenciales anticipadas, pero los analistas consultados estimaron que el Gobierno venezolano hará lo posible para retrasarlo hasta comienzos de 2017, cuando ya solo queden dos años para el final del mandato y este lo deba cubrir un vicepresidente designado por Maduro, sin elecciones. A pesar de los esfuerzos del oficialismo por dificultar la convocatoria del referéndum, las fuentes afirmaron que el Gobierno podrá aplazar, pero no bloquear, la consulta.
De todos modos, las perspectivas para Maduro podrían mejor si aumentan los precios del petróleo o si Venezuela consigue otro crédito importante de China, país que hasta hace poco venía sosteniendo al país caribeño.
Preocupación más allá de Venezuela
Por otra parte, en un discurso pronunciado en Florida, Joe Biden acusó al Gobierno venezolano de estar cometiendo «graves violaciones» de los derechos humanos, «intimidando y silenciando» a los opositores. Biden se mostró «profundamente preocupado» por la situación en Venezuela y recordó las noticias diarias sobre la falta de alimentos, agua y medicinas, o sobre largos cortes de suministro de energía eléctrica.
Sin miedo a que el chavismo le acusara de partidista, Biden afirmó que «ahora sí» la Asamblea Nacional venezolana representa a la «diversidad de la visión política del país», ya que uno de los poderes públicos, con sus decisiones, expresa una voz contraria al Gobierno, pues hasta ahora la normal discrepancia no tenía cabida en la actuación de instituciones del Estado.
Censuró que opositores políticos, como Leopoldo López y Antonio Ledezma, estén encarcelados en «condiciones inhumanas», e indicó que sus excarcelaciones son «absolutamente necesarias».