Agobiado por problemas económicos Ecuador anunció el miércoles que recibirá préstamos por 10.200 millones de dólares de organismos como el FMI y Banco Mundial con los que el gobierno socialista anterior había roto relaciones.
«Vamos a recibir más de 10.000 millones de dólares (…) a tasas que en promedio no superan el 5% y con plazos de hasta 30 años», dijo el presidente Lenín Moreno en un discurso por radio y televisión.
El país, añadió, obtendrá 4.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI). Indicó que el acuerdo fue alcanzado «a nivel de staff»; lo que significa que deberá ser aprobado por la junta directiva de la entidad.
Ecuador recibirá además 6.000 millones de dólares del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Latinoamericano de Reservas y la Agencia Francesa de Desarrollo, señaló el mandatario.
Moreno no precisó el monto que entregará cada uno de los seis organismos, ni las condiciones establecidas por el FMI para la entrega del préstamo.
La semana pasada el propio FMI, con el que Ecuador ha firmado 18 acuerdos entre 1961 y 2003, anunció que estaba negociando un posible acuerdo con Ecuador para impulsar la competitividad, la creación de empleo, mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como fortalecer la dolarización.
– Tiempos difíciles –
Ecuador, cuyo principal producto de exportación es el petróleo, requiere para 2019 financiamiento por unos 8.000 millones de dólares (un 7% del PIB).
Las autoridades prevén cubrir un 12,5% de ese déficit con una reciente emisión de bonos soberanos por 1.000 millones de dólares a diez años plazo y una tasa de interés de 10,75%, la más alta en el mercado internacional desde 2011.
«Hemos vivido tiempos difíciles, pero el hecho de que el mundo confíe y crea en nosotros demuestra que estamos en el camino correcto», apuntó el gobernante, al asegurar que con las medidas tomadas está salvando la dolarización implementada desde el 2000 en Ecuador.
Para el analista económico Alberto Acosta Burneo, el acuerdo con el FMI es un «espaldarazo» a la política económica de Moreno, quien retomó la relación con ese organismo luego de una década de gobierno del socialista Rafael Correa (2007-2017), con el que tiene una ácida disputa.
Correa se alejó del FMI y del BM por considerar que concedían préstamos bajo «condicionamientos».
La relación con el FMI «ayuda a reducir el riesgo país. Habrá la posibilidad de que el gobierno coloque nuevamente en el mercado de capitales bonos o que consiga (financiamiento) con otros multilaterales», comentó a la AFP Acosta.
Sin embargo, un acuerdo con ese organismo implica «reformas estructurales» en la economía para corregir el exceso de gasto que hubo en el pasado, consideró el analista.
«Es la opción que menos gusta a un gobierno porque le obliga a tomar una gran cantidad de medidas de ajuste que son impopulares (…) El fondo va a decir deje de gastar menos, eso significa despidos, menos contratación pública», explicó.
– Ajuste doloroso –
El presupuesto de Ecuador para 2019 fue aprobado en 31.300 millones de dólares y la deuda externa pública alcanzó los 35.730 millones (32,6% del PIB) en diciembre pasado, según cifras oficiales.
En su plan para paliar la crisis económica, el gobierno redujo el número de instituciones públicas y eliminó subsidios a los combustibles, lo que ha generado algunas protestas en el país.
Moreno atribuye las dificultades a un excesivo endeudamiento y un mal manejo de las finanzas en el gobierno de Correa.
«Eso no se corrige sin dolor. Tiene un costo político, social y económico», señaló Acosta.
Para el experto el gran reto del gobierno será cumplir con los compromisos que plantee el FMI, pues algunas medidas podrían requerir una aprobación en el Congreso donde el oficialismo dejó de ser mayoría tras la ruptura de la relación entre Moreno y su antecesor y exaliado Correa.
«La parte crítica va a ser si el gobierno logra obtener el respaldo político necesario para poder implementar todas estas medidas y que no caiga en un incumplimiento que detenga el flujo del financiamiento» de los organismos, opinó Acosta. AFP