El Congreso colombiano inicia este sábado un nuevo periodo de sesiones crucial para el presidente Iván Duque que en su primer año de Gobierno tuvo una relación de altibajos con un legislativo en el que se estrenó la bancada del partido FARC.
El jefe de Estado tiene el apoyo de los partidos Centro Democrático, del que hace parte y que lidera el expresidente Álvaro Uribe; el Conservador, el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira) y Colombia Justa y Libres.
En la oposición están la lista de la Decencia, liderada por el excandidato presidencial Gustavo Petro, y los partidos FARC, Alianza Verde y Polo Democrático Alternativo (PDA), mientras que Cambio Radical y el partido Liberal se mueven entre dos aguas según la naturaleza de los proyectos a votar.
En este contexto, el mandatario tendrá que buscar las mayorías para lograr aprobar reformas que marcarán el rumbo de segundo año de Gobierno, que comenzará el próximo 7 de agosto y que fueron promesas de campaña.
Entre esas iniciativas está una reforma política y a la justicia, que se hundieron en la legislatura pasada, así como las leyes anticorrupción que no prosperaron y que el propio Duque se había comprometido a tramitar con mensajes de urgencia.
Pese a los reveses, el presidente aseguró en una entrevista con Efe esta semana que ha “logrado trabajar con el Congreso y han salido leyes importantes”, algunas de las cuales fueron presentadas por el Gobierno o tuvieron su apoyo.
“Podemos contar más de 16 leyes que han tenido o iniciativa del Gobierno o el acompañamiento del Gobierno, es un balance importante”, dijo Duque, quien citó entre las aprobadas las leyes para fomentar los automóviles eléctricos, la de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la de los veteranos y el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Sin embargo, el tema más espinoso para el Congreso en la anterior legislatura fueron las seis objeciones que Duque hizo en marzo pasado a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), columna vertebral del acuerdo firmado con las FARC en 2016.
Las modificaciones del presidente se hundieron tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado tras un intenso debate que trascendió el ámbito legislativo y se convirtió en objeto de discusión nacional.
También fue polémica la discusión de la Ley de Financiamiento, un proyecto de reforma tributaria con el que el Gobierno buscaba completar el presupuesto general para este año y que fue aprobado en diciembre pasado tras sufrir profundos cambios.
Ese proyecto tenía como propósito cubrir un déficit de 14 billones de pesos (unos 4.400 millones de dólares), pero a raíz de las modificaciones solo recaudará un poco más de la mitad, 7,5 billones de pesos (unos 2.362 millones de dólares).
Esta reforma fue duramente criticada e incluso motivó multitudinarias protestas en todo el país porque en su versión inicial contemplaba, entre otros asuntos, el cobro del IVA del 19 % a los productos de la cesta básica, medida que fue retirada tras un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso.
En el periodo legislativo que comienza este 20 de julio el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) estará por segundo año consecutivo en Senado y Cámara, uno de los beneficios que obtuvo la antigua guerrilla por el acuerdo de paz.
La FARC ya anunció que en esta legislatura presentará tres proyectos de ley, de los cuales el más importante es una reforma política y electoral “que permita la apertura democrática para la construcción de una paz, estable y duradera”.
Los otros dos tienen que ver con la fijación de tarifas para los sistemas masivos de transporte público y con la promoción “del empleo y el emprendimiento de las mujeres entre los 18 y los 28 años de edad”.
El primer año de la FARC en el Congreso tampoco fue fácil porque estuvo salpicado por constantes polémicas de sus senadores y representantes, algo en cierta forma predecible si se tiene en cuenta que hace menos de tres años todavía estaban alzados en armas.
Gracias al acuerdo, el partido FARC tiene diez escaños asegurados en el Congreso por un periodo de ocho años: cinco en el Senado y cinco en la Cámara pero la conformación de esa bancada siempre ha sido objeto de controversia.
Tres meses antes de su estreno legislativo el exjefe negociador de las FARC en los diálogos de paz, Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, desistió de asumir su escaño como senador y se trasladó a una zona del sureño departamento del Caquetá donde permanecen exguerrilleros en proceso de reincorporación y luego se perdió su rastro.
Tampoco se sabe nada de Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, quien el pasado 11 de junio sí juró como miembro de la Cámara de Representantes tras pasar más de un año preso con base en una solicitud de extradición de EE.UU. que lo acusa de haber conspirado para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país después de la firma de la paz.
Tan solo 18 días después de asumir su curul Santrich desapareció de la vida pública lo que ha sido duramente criticado incluso por sus compañeros de la FARC, que no ocultan su malestar y se plantean la posibilidad de excluirlo del partido que este sábado empezará su segundo ciclo legislativo con dos congresistas menos.
EFE.