El senador demócrata Tim Kaine prometió hace poco que volvería a presentar una resolución sobre Poderes de Guerra en el Senado, para recordar que el presidente Donald Trump necesita la aprobación del Congreso antes de lanzar cualquier ataque militar contra Venezuela. Pero un proyecto de ley similar fracasó el mes pasado en el Senado por 49 votos a favor y 51 en contra.
La segunda mala noticia es que, en efecto, el presidente de Estados Unidos no necesita permiso del Congreso para atacar militarmente a un país extranjero. A raíz de la guerra de Vietnam, el Congreso norteamericano aprobó la «Resolución de Poderes de Guerra de 1973» para intentar limitar la capacidad del Presidente de iniciar conflictos prolongados. La ley establece que el Presidente puede enviar fuerzas armadas o atacar militarmente a otro país bajo tres condiciones: a) Una declaración de guerra del Congreso. b) Una autorización estatutaria específica del Congreso y c) Una situación de emergencia nacional creada por un ataque contra EE. UU., sus territorios o sus fuerzas armadas.
Y si bien la Ley de Poderes de Guerra requiere que el Presidente consulte con el Congreso antes de la acción, ha habido casos donde el Presidente ha actuado sin considerar autorización previa del Congreso ni cumplir con ninguno de los requisitos legales.
Y sobran los ejemplos: en 1989, el presidente George Bush ordenó la operación militar que invadió Panamá e involucró el despliegue de más de 25.000 tropas, basándose en su autoridad como Comandante en Jefe y citando motivos de emergencia y autodefensa:
- Proteger a los ciudadanos estadounidenses: Este fue el motivo principal, alegando que el régimen de Manuel Noriega había creado un clima peligroso para los miles de civiles y militares estadounidenses que residían en Panamá.
- Detener al presidente Manuel Noriega y restaurar la democracia (Manuel Noriega había sido acusado de narcotráfico en tribunales de EE. UU.) y apoyar el establecimiento de un gobierno democrático.
- Defender los derechos y el funcionamiento del Canal de Panamá.
En 2011, el entonces presidente Barack Obama autorizó ataques militares contra las defensas aéreas de Libia para proteger a los rebeldes islámicos. Y lo hizo informando al Congreso que su autoridad para la acción militar provenía de un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El entonces presidente eludió la Constitución, aunque la idea de que una organización internacional tuviera autoridad para dictar el despliegue militar estadounidense, significaba un ataque a la autodeterminación de Estados Unidos. Sin embargo, los senadores demócratas elogiaron la campaña de Obama en Libia y la calificaron de «cautelosa y reflexiva».
Es decir que, en la práctica, muchos presidentes —incluido Donald Trump—, han ordenado ataques militares, bombardeos o despliegues de tropas sin obtener una declaración formal de guerra o una autorización previa del Congreso, basándose únicamente en su autoridad como Comandante en Jefe o argumentando que la acción es de naturaleza defensiva o una respuesta a una amenaza. Amparados en el argumento de que la acción no constituye una «guerra» formal sino una acción militar limitada, aseveran que en consecuencia no requiere la aprobación previa del Congreso.
El Congreso solo puede intentar limitar estos poderes aprobando resoluciones de Poderes de Guerra para forzar la retirada de las tropas, pero el Presidente puede vetar esas resoluciones mientras el Congreso debe reunir una mayoría de dos tercios para anular el veto.
Ahora, con el argumento de que Estados Unidos busca frenar el flujo de drogas ilícitas procedentes de Latinoamérica, el presidente Trump ha instalado frente a las costas de Venezuela un arsenal militar multimillonario que, apuestas van y vienen, podría o bien retirarse sin mayores consecuencias o convertirse en una amenaza explosiva, valga la metáfora.