Donald Trump ha elevado a Venezuela a la categoría de “rogue state” (como Washington llamó a la Libia de Gaddafi y al Irak de Sadam Husein), no todavía bautizándole oficialmente como tal, pero sí tratándole de acuerdo con esa etiqueta.
Trump está poniendo a Venezuela casi a la altura de Corea del Norte: los dos países fueron el foco de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de la semana pasada, y después ambos fueron incluidos en la lista que prohíbe la entrada de sus nacionales en Estados Unidos (en el caso venezolano afecta solo a funcionarios bolivarianos y sus familias), publicó ABC.
Trump trata así a Venezuela no porque suponga una amenaza directa a la paz mundial, como ocurre con el régimen norcoreano, sino por el carácter delincuente (rogue) de su estamento gobernante: un narcoestado sumido en una enorme corrupción y responsable de la brutal represión de sus ciudadanos.
Para la Casa Blanca, Venezuela es un estado malandro que afecta directamente a la seguridad regional, por la implicación gubernamental en el narcotráfico, por contaminar las finanzas internacionales al lavar dinero con Pdvsa, por el desbordamiento de la crisis humanitaria que está viviendo el país y por la palanca geopolítica que puede suponer para ciertas potencias extrahemisféricas.
La caricaturización del líder coreano que Trump hizo durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU –apodándole “rocket man”– ha quedado ya como uno de los momentos estelares de esos encuentros anuales.
A Trump le ha pasado con Venezuela tal como le ha ocurrido con Corea del Norte. Bush y Obama pudieron soslayar la confrontación directa con Pyongyang porque en sus mandatos el momento crítico aún no había llegado. Pero hoy el régimen de Kim Jong-un está a un paso de alcanzar el estatus de potencia nuclear, de manera que Washington se encuentra ante una decisión inaplazable: aceptar que Corea del Norte tenga la bomba atómica o lanzar un ataque, que sería especialmente destructivo para ambos bandos, para evitarlo.
También en Venezuela se ha llegado a un punto que exige la actuación internacional, como reconocen casi todos los países americanos. El país caribeño se ha convertido claramente en un estado autoritario y represivo, que por cuestiones ideológicas maltrata a sus ciudadanos, al no responder a sus necesidades de alimentación, sanidad y derechos cívicos. Además, ya ha quedado suficientemente descubierta la trama criminal de sus estructuras gubernamentales, que inundan de droga Estados Unidos y contaminan el sistema financiero.
EC
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