El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su administración trabajará para lograr la liberación de “todos” los presos políticos en Venezuela, al tiempo que volvió a elogiar la gestión de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez
«Vamos a sacarlos a todos», afirmó Trump al ser abordado por el periodista David Alandete, sobre la situación de los presos políticos, que el Foro Penal contabiliza en 457 hasta el 4 de mayo, y que no fueron beneficiados con la Ley de Amnistía aprobada en febrero pasado.
El mandatario reiteró que el Gobierno encargado está haciendo «un gran trabajo», y que el pueblo venezolano está «bailando en las calles».
«El pueblo de Venezuela está encantado con lo que está pasando, ni siquiera pueden creerlo; están bailando en las calles», comentó a los periodistas desde la Casa Blanca, antes de iniciar su viaje oficial a China.
En esta misma línea, Trump se refirió a la nueva etapa de apertura energética con la llegada de grandes corporaciones petroleras con capital estadounidense como ExxonMobil y Chevron Corporation.
«Ya sabes, tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías (petroleras) entrando. Venezuela ahora está ganando más dinero que en los últimos 25 años», dijo.
«Nosotros, ya saben, dejamos salir a muchos (presos políticos) y ellos dejaron salir a muchos de los presos políticos», sentenció.
En contexto
De acuerdo con el último reporte publicado por el Foro Penal, 293 ciudadanos permanecen encarcelados sin haber recibido una sentencia, mientras que 164 ya fueron condenados.
En su balance general, con corte del 4 de mayo, la organización indicó que ha documentado 19.092 detenciones políticas desde el año 2014. Además, «más de 11.000» personas se mantienen bajo medidas cautelares que restringen su libertad.
La Ley de Amnistía ha beneficiado a 8.616 personas, de las cuales 8.302 corresponden a personas que estaban bajo medidas cautelares, como prohibición de salida del país o presentación periódica ante tribunales, mientras que 314 estaban privadas de libertad, de acuerdo al último informe presentado por el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria encargada de supervisar la aplicación de esta normativa.
Según Arreaza, durante la aplicación de esta ley, que fue discutida y aprobada por el Parlamento luego de la captura de Maduro el pasado 3 de enero, se recibieron un total de 12.187 solicitudes válidas.
Tras el anuncio de poner fin al documento legislativo, organizaciones de derechos humanos como Provea y Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve)denunciaron que la acción era “arbitraria e inconstitucional”.
Según Provea, esta decisión «no contribuye a un proceso de convivencia ni de paz» en el país y, por el contrario, representa un «retroceso en materia de derechos humanos».
La ONG recordó que, aunque la normativa ha sido limitada, la Ley de Amnistía se concibió como un primer paso para «desmontar el entramado represivo» que, según su evaluación, ha afectado a la población venezolana en los últimos años.
Mientras, sostuvo que el «fin» de la ley evidencia «falta de coherencia institucional y ausencia de claridad jurídica».
Señaló, en su momento, que cualquier intento de dar por terminada la ley sin procedimientos legales constituiría una “vía de hecho” contraria a la Constitución, al tiempo que advirtió que la aplicación del instrumento ha sido “limitada y excluyente”.
Recientemente, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa exigió el lunes “fe de vida” y la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela, luego de conocerse la muerte de Víctor Hugo Quero bajo custodia del Estado.
“Exijo que se dé de inmediato fe de vida y la liberación de todos los presos políticos en Venezuela”, expresó Guanipa en un video difundido en redes sociales.
El dirigente aseguró que, hasta la fecha, permanecen detenidos “más de 500 venezolanos” en lo que calificó como “centros de tortura», donde miles de ciudadanos han sido “secuestrados, maltratados y privados de sus derechos más básicos”.
Víctor Quero Navas, de 51 años, detenido en enero de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), fue uno de los más recientes casos en los que se reporta la muerte bajo custodia del Estado de un privado de libertad.
De acuerdo con el Ministerio de Servicios Penitenciarios, Quero Navas estuvo recluido en el Internado Judicial Rodeo I, donde permaneció hasta el 15 de julio. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, donde falleció, según las autoridades, el día 25 de julio.