El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó detención preliminar por 7 días contra el vacado expresidente Pedro Castillo, por el presunto delito de rebelión y conspiración luego de dar un golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso de la República.
Durante la audiencia de este jueves 8, el fiscal Marco Huamán argumentó ante el juez Juan Carlos Checkley que existe peligro de fuga por parte del exmandatario, por lo que recomendó que se le ordenara detención preliminar.
El representante del Ministerio Público recordó que, tras anunciar el golpe de Estado por medio de un mensaje a la nación, el ex jefe de Estado intentó refugiarse en la embajada de México y pedir asilo político.
En la resolución, compartida por el Poder Judicial, el juez también declara la “legalidad de la detención” de Castillo y establece que el plazo de detención judicial “estará vigente del 7 al 13 de diciembre”.
Durante la audiencia, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán aseguró que “queda evidente la alta probabilidad de fuga” del expresidente, tras mencionar la intención de Castillo de dirigirse a la Embajada de México para pedir asilo, algo confirmado por el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador.
Huamán indicó que la detención del ex jefe de Estado es “necesaria” para asegurar los actos de investigación y acusó a Castillo de haber pretendido cambiar el modelo de Estado de derecho establecido en la Constitución, de manera ilegal y dolosa.
En la audiencia también participó virtualmente Castillo, quien estaba acompañado de su abogado Víctor Pérez y de su ex primer ministro Aníbal Torres, quien también ejerce su defensa.
Al término de la audiencia, Checkley le dio la palabra al exmandatario, pero este se limitó a afirmar “eso es todo”, en alusión a lo dicho por sus abogados.
En su intervención, Torres aseguró durante la detención de Castillo nunca se empleó algún “medio coactivo o coercitivo”, pero insistió en que en este proceso “se está violando flagrantemente el principio de legalidad” al considerar que en ningún momento se acreditaron los delitos imputados al expresidente.
En esa misma línea, Pérez sostuvo que el anuncio de Castillo sobre el cierre del Parlamento no implicó un levantamiento en armas que requiere, según dijo, el delito de rebelión y negó que exista peligro de fuga, por lo que solicitó al juez que declare infundado el requerimiento del Ministerio Público.
“Las declaraciones de mi patrocinado en su mensaje no configuran el delito de rebelión (…) ¿Cómo puede una persona querer fugarse cuando no ha cometido los presuntos delitos que le están imputando?”, señaló Pérez.
El Ministerio Público anunció el miércoles el inicio de diligencias preliminares contra Castillo por rebelión y conspiración, mientras el exmandatario permanecía detenido en la Prefectura de Lima por presuntamente “quebrantar el orden constitucional”, después de dictar esta mañana el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.
Esa orden ha sido interpretada mayoritariamente como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete.
La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Horas después, el Congreso debatió un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano. EFE
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