Este viernes fueron detenidos Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, quienes se desempeñaron como ministros durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia.
Tanto Coimbra, quien se desempeñó como ministro de Justicia, como Guzmán, quien era el titular de Energías, fueron detenidos en en Trinidad, departamento de Beni, en el centro-norte del país y serán trasladados a La Paz, reseñó El Deber.
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Álvaro Coímbra, exministro de Justicia del gobierno de facto de Jeanine Áñez, es aprehendido en #Trinidad por el #CasoGolpeDeEstado.#Beni
Inf. Sergio Loza – BTV pic.twitter.com/lyayc0O7Rf— Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) March 12, 2021
Las aprehensiones se producen luego que fueran ordenadas por los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala, de la Fiscalía Departamental de La Paz, dentro del caso del golpe de Estado de 2019, que derrocó al entonces mandatario Evo Morales y que dio paso al período de facto, entre noviembre de ese año y el mismo mes de 2020, con Áñez como mandataria.
Además de estos dos exfuncionarios, las órdenes de detención recaen sobre la propia Áñez y los también exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López; así como sobre Palmiro Jarjuri, quien era comandante de la Armada; Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea; y el general Gonzalo Mendieta, excomandante del Ejército.
La medida de la Fiscalía responde a una denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patty, quien acusó al opositor Luis Fernando Camacho, así como a exjefes militares o policiales, por los sucesos que llevaron a la renuncia de Morales.
El exmandatario presentó su dimisión luego que el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y quien era comandante general de la Policía de Bolivia, Yuri Calderón, se lo solicitaran.
La Fiscalía, en su documento, señala que existe riesgo de fuga de los involucrados en el caso, debido a sus altos movimientos migratorios, que «acreditan la facilidad que tienen de abandonar el país».
En su cuenta en Twitter, Áñez calificó esta acción de «persecución política».
Debido al número de víctimas que produjo el gobierno de facto, el analista político Juan José Bedregal descartó que exista hoy persecución política en Bolivia. Además, indicó que las anteriores autoridades sí cometieron crímenes de lesa humanidad y el pueblo exige justicia.