La venezolana Milagros Yanes llegó a Estados Unidos en 1998 junto a sus padres, cuando tenía 17 años y se radicaron en el sur de la Florida. Luis Mejía, llegó de Ecuador a Florida con visa de estudiante también en ese año. Ambos se casaron en el 2011. Ambos excedieron el periodo de sus visas, firmaron la salida voluntaria de este país en agosto del 2010 y ahora tienen una orden final de deportación.
“A ellos no les interesa si me muero de hambre o no en Venezuela […] Tengo más [tiempo] de mi vida viviendo en este país que en Venezuela. Acá estudié, trabajé y nacieron mis dos hijos”, dijo Yanes en una entrevista con el Nuevo Herald.
“Firmamos la salida voluntaria en un momento de desesperación y de rabia. Estábamos cansados de poner nuestras vidas en las manos de personas que te sacan la plata, se aprovechan y te dejan en el aire”, explicó la mujer.
A pesar de que Yanes y Mejía estaban decididos a irse y tenían comprados los boletos para enero del 2011, una trágica noticia cambió sus planes: a solo un mes de su partida, a los padres de la venezolana les diagnosticaron cáncer, su padre en etapa 4 y su madre en etapa 2. Yanes, quien es hija única, decidió quedarse en EEUU para cuidar de ellos y en el 2012 lograron la aprobación de la solicitud de aplazamiento de deportación o remoción, la cual les permitía tener un permiso de trabajo y licencia de conducir. Con este estatus lograron permanecer legales en este país, trabajar y comprar una casa en Brickell.
Cada año debían presentarse en la oficina de inmigración en Miramar, en el condado Broward, en un proceso que describió tan simple “como ir a un banco y hacer un depósito”. Sin embargo, esto cambió en una visita a la oficina de inmigración en agosto del año pasado, ya bajo el gobierno del presidente Trump.
A Yanes le dijeron que regresara en un mes, algo que no era usual para ella. Cuando indagó sobre el cambio en el proceso, la respuesta la sorprendió: ” ‘Es que la nueva administración no quiere a personas como usted en este país’, me dijo el oficial de inmigración”. Al siguiente mes, les informaron que la solicitud de aplazamiento de deportación o remoción había sido denegada y les ordenaron volver de nuevo en diciembre, pero esta vez a la oficina del Programa de Comparecencia de Supervisión Intensiva (ISAP) en Miami.
“Ese día salí de una reunión de trabajo y llegué a la oficina de ISAP sin saber que me iban a poner un grillete. Mi esposo había ido en la mañana y se lo habían puesto. También nos dijeron que teníamos que comprar un tiquete de regreso a nuestros países para marzo”, dijo. Argumentando que Andrés e Isabela, de 7 años, perderían el año escolar si eran deportados en marzo, Yanes logró que le postergaran la salida inicialmente para este viernes 15 de junio, fecha que fue de nuevo pospuesta.
Pero, la pareja sabe que las opciones son mínimas: renunció a su empleo, vendieron la casa que compraron en Brickell y se está quedando en la casa de unos amigos con su esposo, sus dos hijos y su mamá, su papá falleció por el cáncer. Yanes tiene la esperanza de que haya una última opción jurídica —como el asilo político— que los salve de la deportación.
Si no logra quedarse en EEUU, Yanes espera obtener su pasaporte venezolano para emigrar con su familia a Ecuador, un país desconocido para ella y sus hijos y al que su esposo no ha vuelto desde hace 24 años, pero en una mejor situación social y económica que Venezuela al que no sabe como se adaptarán sus hijos.
“Nosotros estamos obligados como padres a sacarlos de su país”, dice entre lágrimas. “Eso los va a privar de ciertas cosas que se merecen tener y quizá en un futuro, si nos vamos, mi hijo me lo va a reprochar. Pero no puedo hacer nada. Lo que sí les prometo es que van a estar bien, en donde sea vamos a estar bien”, recalca.