La fiscalía local y una misión antimafias de la ONU en Guatemala revelaron este martes la actividad de una estructura delictiva en el Ministerio de Salud que entre 2012 y 2014 cobró más de 7 millones de dólares en sobornos y creó puestos ficticios.
Por este caso han sido detenidas una veintena de exfuncionarios y particulares, entre ellos Jaime Pérez, sobrino del expresidente Otto Pérez (2012-2015), quien guarda prisión preventiva por un escándalo de corrupción que puso fin a su gobierno, según la AFP.
Además, se pedirá retirarle los fueros a nueve diputados y un alcalde municipal para que puedan ser investigados por su presunta participación en el esquema ilegal, señalaron en un comunicado el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.
En la lista de congresistas figura el diputado Estuardo Galdámez, excandidato presidencial del partido oficial FCN-Nación.
Según la investigación, el entonces ministro de Salud Jorge Villavicencio, pendiente de captura, orquestó una estructura interna en la cartera de Salud Pública para realizar negocios ilícitos junto con otro esquema externo.
«La estructura criminal ‘exploró’ qué negocios se podían realizar en la institución», detalló el resumen de la investigación denominada «Asalto al Ministerio de Salud», esquema en el que también participaron como líderes Candida Villavicencio, hija del exministro, y el entonces diputado Luis Fernando Pérez, ambos prófugos.
Jorge Villavicencio actualmente estaba en libertad bajo fianza por otro caso en el que se investigan irregularidades en la firma de un pacto colectivo de trabajo avalado en su administración.
En el esquema llegaron a participar más de un centenar de personas, que se habrían repartido al menos 6,8 millones de dólares en sobornos para adjudicar la reconstrucción de hospitales por un sismo que azotó el país en noviembre de 2012, así como la edificación de nuevas clínicas.
El resto se habría defraudado con la creación de plazas ficticias y otros sobornos para la compra de equipo médico y gastos de publicidad.
Este nuevo caso se suma a una extensa lista de irregularidades expuestas por la fiscalía y la Cicig durante la gestión presidencial de Otto Pérez quien renunció en 2015, cuatro meses antes de finalizar su mandato, tras ser involucrado como cabecilla en un fraude en las aduanas.
Otros altos exfuncionarios cercanos a Pérez guardan prisión acusados por estafas y otros importantes casos de corrupción, incluida su exvicepresidenta Roxana Baldetti, la primera mujer en ocupar ese cargo en el país.
La Cicig, considerada un ente clave en la lucha contra la corrupción, terminará su labor en septiembre después de que el presidente Jimmy Morales anunció que no pedirá una nueva ampliación del mandato de esa misión que venía funcionando desde el 2007.
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