El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) habría negado una solicitud de la empresa canadiense Crystallex para recibir -como pago parcial de la deuda- acciones de la refinería Citgo Petroleum Corp, filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
Así lo reseñó la agencia Reuters, medio que tuvo acceso a un documento que indica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó a Crystallex que “la solicitud es inconsistente con los intereses de la política exterior de EEUU”.
En ese sentido, Reuters reseñó que el Gobierno norteamericano podría reevaluar las consideraciones durante la primera mitad del año 2022. “Estados Unidos reevaluará si la venta de las acciones de PDVH es consistente con la política exterior de Estados Unidos, a medida que evolucione la situación en Venezuela”, resalta la misiva.
De su lado, el presidente ejecutivo y director ejecutivo de Crystallex, Robert Fung, manifestó a la agencia internacional que “dado que la acción de la OFAC se tomó ‘sin prejuicios’ y de acuerdo con la sugerencia de la carta, le pediremos al Gobierno de los Estados Unidos que reevalúe nuestra solicitud de licencia durante la primera mitad de 2022″.
De acuerdo con Reuters, un juez aprobó la venta de acciones de la matriz inmediata de Citgo a principios de este año para satisfacer la sentencia de Crystallex de 1.4 mil millones de dólares por sus activos en Venezuela.
En contexto
El Gobierno de Venezuela, recordemos, rechazó en enero de este año la decisión del juez de Delaware, Estados Unidos, Leonard Stark, quien volvió a autorizar que se proceda con la venta de las acciones de la refinería venezolana Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en suelo estadounidense, para supuestamente hacer la “indemnización a la empresa canadiense Crystallex”.
“Esta sentencia confirma que las relaciones internacionales de esta Administración las impulsa el odio, el saqueo, la venganza, el abuso de poder como ejercicio criminal del poder público. Es el reparto del botín a última hora de ese gobierno con la complicidad con sus fracasados títeres locales para acentuar el revanchismo contra una empresa que pertenece a todos los venezolanos”, argumentó la cancillería venezolana en esa oportunidad.
En el documento se destacó que la apropiación ilegítima e ilícita de Citgo ha sido fraguada bajo la instrucción del militante opositor Juan Guaidó y ejecutada por José Ignacio Hernández, ambos señalados por las autoridades por expoliar los recursos y el patrimonio de Venezuela en el exterior.
Las concesiones para operar en el territorio venezolano fueron revocadas por el Gobierno de Hugo Chávez por no cumplir con normas ambientales y laborales. En el caso específico de la canadiense Crystallex, el pleito jurídico detonó cuando fue excluida legalmente de la explotación de la mina de oro “Las Cristinas”, debido a irregularidades en los requisitos ambientales, en 2011. A partir de allí, se inició una compleja trayectoria de demandas que resultaron, cinco años más tardes, en un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) a favor de los demandantes.
A Venezuela se le exigió pagar un laudo arbitral de 1.200 millones de dólares más intereses para resarcir a Crystallex por sus supuestas inversiones perdidas en el país. En marzo de 2017, el Tribunal del Distrito de Columbia reconoció la ejecución del laudo.
José Ignacio Hernández, quien se autocalificó como «procurador», simuló ser representante de los intereses de la República en el falso gobierno de Juan Guaidó, a pesar de haber trabajado para Crystallex. Él se encargó de diseñar el argumento que sustentaría el reclamo de la minera canadiense para quedarse con CITGO como forma de pago.
El caso llegó a los tribunales federales de Delaware y su resolución se complicó en 2019, con el ascenso de Guaidó en la estrategia de la Casa Blanca contra el gobierno venezolano. Al legitimar el “interinato” de Guaidó también cambiaban la cara de los actores demandados en las cortes estadounidenses, reflejando un choque de intereses.