El Gobierno de Curazao, territorio caribeño autónomo ligado a los Países Bajos, presentó una solicitud de apoyo al país europeo por el impacto de la inmigración procedente de Venezuela.
El Ejecutivo del territorio antillano, situado a unos 50 kilómetros de la costa noroccidental de Venezuela, pidió ayuda a los Países Bajos para mejorar las labores de búsqueda en el mar de inmigrantes y el asentamiento de los ciudadanos que llegan del país sudamericano.
Curazao, según la petición, quiere trabajar con los Países Bajos para prevenir riesgos para la salud de los inmigrantes que llegan por vía marítima a ese pequeño territorio, con una superficie que no llega a los 500 kilómetros cuadrados.
Según el Gobierno de Curazao, la isla está sufriendo cada vez más las consecuencias negativas de la crisis en Venezuela.
El aumento del tráfico de personas, el tráfico de drogas y el comercio de armas son problemas crecientes asociados a la llegada de inmigrantes venezolanos, según el Ejecutivo de Curazao.
Tras una primera solicitud de apoyo el año pasado, los Países Bajos ya contribuyeron financieramente con 132.000 euros para la mejora de la capacidad de detención para inmigrantes indocumentados.
Sin embargo, el Gobierno de Curazao pide más apoyo, ya que hay entre 4.000 y 6.000 venezolanos que permanecen en este pequeño territorio antillano que cuenta con una población cercana a los 150.000 habitantes.
Amnistía Internacional (AI) criticó el pasado mes de septiembre en un informe la estrategia de expulsión que aplica Curazao con los inmigrantes venezolanos, al tiempo que le pidió a ese territorio que apoye a los que huyen de la grave crisis que atraviesa el país suramericano.
Durante 2017 Curazao expulsó a 1.203 venezolanos, mientras que todavía no se conoce con exactitud la cifra del año 2018.