La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este lunes que examinará en los próximos meses si los homosexuales y las personas transgénero están protegidos por la ley federal que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo.
El máximo tribunal de justicia del país dijo que abordará tres casos sobre el tema a más tardar en el otoño boreal, con una decisión esperada para 2020.
Dos casos refieren a empleados homosexuales que alegan haber sido despedidos debido a su orientación sexual. El otro concierne a una persona despedida de una funeraria luego de informar a su jefe su intención de cambiar de sexo.
La Corte Suprema, integrada por cinco jueces conservadores y cuatro progresistas, tendrá que decidir si la Ley de derechos civiles de 1964, que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de raza, color, religión, sexo o etnia, también se aplica a la orientación sexual y la identidad de género.
A falta de una sentencia del máximo tribunal de Estados Unidos, cortes inferiores han emitido decisiones contradictorias.
Así, Donald Zarda, un instructor de paracaidismo de Nueva York, ganó un juicio en ese estado tras ser despedido por ser homosexual, mientras que el asistente social Gerald Lynn Bostock perdió en un caso similar en Georgia. Ambos expedientes serán examinados en la misma audiencia, decidió la Corte.
«Cuando mi hermano me dijo que había sido despedido, me sorprendió», dijo Melissa Zarda, quien reanudó la lucha judicial de su hermano Donald después de su muerte en un accidente en 2014.
«No podía creer que uno pudiera ser despedido por ser homosexual, pensé que era ilegal, espero que la Corte Suprema diga que lo que le pasó a mi hermano estuvo mal», añadió en una declaración.
El abogado de Zarda, Greg Antollino, subrayó la importancia de este caso «porque se trata de la dignidad humana básica y la promesa de un trato igual para todos».
«Todos los estadounidenses deberían poder trabajar y no temer ser discriminados por ser quienes son», dijo.
– «Ferviente cristiano» –
La Corte Suprema estadounidense también analizará el caso de una persona transgénero de Michigan, Aimee Stephens, despedida por la firma R.G. & G.R. Harris Funeral Homes después de trabajar allí durante seis años como Anthony Stephens.
Stephens presentó una demanda con el apoyo de la agencia federal para combatir la discriminación en el ambiente laboral, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), entonces bajo el gobierno del demócrata Barack Obama, que hacía una interpretación amplia de la ley de 1964.
Sin embargo, la administración del republicano Donald Trump ha tomado el rumbo contrario, y el mandatario ha nombrado a dos jueces conservadores a la Corte Suprema desde que asumió el cargo.
En el caso de Stephens, un tribunal inferior inicialmente se puso del lado de la funeraria, pero esa decisión fue revocada por un tribunal federal de apelaciones que dijo que su despido era una forma de discriminación sexual.
El propietario de Harris Homes busca ahora anular la decisión. Thomas Rost, quien se describe como un «ferviente cristiano», invocó en su apelación «su libertad de conciencia», pero también la necesidad de «evitar todo lo que pueda molestar a sus clientes de luto».
Rost tiene el respaldo de Alliance Defending Freedom, una asociación conservadora que defiende las libertades religiosas.
A la inversa, Stephens recibió el apoyo de la poderosa Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que el lunes pidió a la Corte Suprema que confirmara la decisión de la Corte de Apelaciones.
Lo opuesto «sería catastrófico y relegaría a la comunidad LGBTI a un estatus de ciudadanos de segunda», advirtió uno de sus líderes, James Esseks.
«Lo que me pasó a mí estuvo mal, fue doloroso y dañó a mi familia», dijo Stephens en una declaración emitida por ACLU. «Espero que la Corte Suprema vea que despedirme porque soy transgénero fue una discriminación».