Un juez de la Corte Suprema de Brasil aceptó hoy un acuerdo de cooperación propuesto por el exjefe del oficialismo en el Senado Delcidio Amaral, quien ha implicado en la corrupción en la petrolera estatal Petrobras a la presidenta Dilma Rousseff y a su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva.
EFE
La información fue confirmada por la propia corte y ello supone que las declaraciones que el senador Amaral, detenido por el asunto, ya ha dado a la justicia pueden ser utilizadas por la Policía en la investigación sobre la red de corrupción que operó en Petrobras.
Parte de las declaraciones de Amaral han sido adelantadas por la revista Istoé, que obtuvo algunos documentos según los cuales el senador afirmó que Rousseff y Lula “sabían” de la corrupción petrolera e intentaron “manipular” a la Justicia para obstruir la investigación y liberar a algunos acusados.
Fuentes del Tribunal Supremo confirmaron a Efe que el magistrado también decidió que, como sucede en todos los casos en que se acepta un acuerdo de cooperación, las declaraciones que ha prestado Amaral serán hechas públicas, lo cual podrá ocurrir hoy mismo.
Amaral fue encarcelado en noviembre pasado, cuando ejercía como jefe del grupo oficialista en el Senado, acusado de “obstaculizar a la Justicia” y de intentar sobornar a algunos implicados en la red de corrupción petrolera a cambio de su silencio.
Hace un mes, la Corte Suprema autorizó que siguiera detenido en su domicilio y que incluso retomara su actividad parlamentaria, lo que aún no ha hecho.
Según Istoé, la excarcelación se debió a precisamente al acuerdo de cooperación, que la revista calificó como “el más explosivo relato de la mayor trama de corrupción descubierta en Brasil”.
La revista indicó que Amaral culpó a Rousseff de intervenir directamente en el nombramiento de algunos miembros del Supremo Tribunal de Justicia a fin de favorecer “la liberación” de algunos empresarios detenidos por el caso.
Amaral, según Istoé, confesó que trató ese asunto “personalmente” con Rousseff y también con por lo menos uno de los jueces que se habría “comprometido” a colaborar con la liberación de presos.
Sobre Lula, Istoé afirmó que Amaral declaró a las autoridades judiciales que fue quien le “pidió expresamente” que intentara sobornar al exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, implicado en el asunto, a cambio de que no colaborase con la Justicia.
La declaración de Amaral, de acuerdo con la revista, también se refiere a un sonado escándalo de sobornos parlamentarios destapado en 2005, durante la primera gestión de Lula.
En ese sentido, el senador había revelado que el propio Lula también “ordenó” sobornar a algunos de los implicados a fin de que no revelasen detalles sobre cómo operaba esa trama de corrupción, que llevó a la cárcel a 25 políticos y empresarios.
El acuerdo de cooperación propuesto por Amaral ha sido aceptado en momentos en que la crisis política que enfrenta el Gobierno de Rousseff se ha agudizado, espoleada por las protestas en que las que este domingo unas 3,6 millones de personas tomaron las calles de todo el país para exigir la destitución de la mandataria.
En el caso de Lula, agravan las sospechas que ha volcado en su contra la Fiscalía de Sao Paulo, que lo ha acusado formalmente de lavado de dinero vía ocultación de patrimonio y falsificación de documentos, cargos que la justicia analiza pero aún no ha aceptado.
El tribunal responsable de esa causa ha pedido que el caso sea trasladado a la órbita del juez federal Sergio Moro, responsable de indagar las corruptelas en la estatal Petrobras, por las que Lula también es investigado.
En los últimos días, la prensa ha conjeturado con la posibilidad de que Lula sea nombrado ministro en el Gobierno de Rousseff, lo que le garantizaría foro privilegiado y obligaría a encaminar su caso al Tribunal Supremo.
La oposición ha reaccionado frente a esa posibilidad y aseguró hoy que su único objetivo sería “librar a Lula de la cárcel”, según sostuvo el diputado Silvio Torres, secretario general del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).