El expresidente de Ecuador Rafael Corrrea brindó este martes sus consideraciones tras haber sido condenado a ocho años de prisión en su propio país por la causa conocida como ‘Caso Sobornos’: «Lo esperábamos, estaban desesperados para condenarme por algo», le dijo a RT desde su casa en Bruselas (Bélgica).
En ese tono, el dirigente sudamericano opinó: «En un estado de derecho, sería imposible».
Desde su punto de vista, la determinación judicial se produjo para limitar sus aspiraciones electorales y desviar la atención pública de la emergencia sanitaria que atraviesa la nación, en medio de la pandemia del coronavirus: «Distraen las energías del país, deberíamos estar preocupados de la crisis, de los muertos insepultos».
Al respecto, el entrevistado insistió en que ahora las autoridades deberían enfocarse en «cómo está subiendo la epidemia».
En ese tono crítico, Correa consideró que esta circunstancia solo refleja el «odio político» contra su figura, «incluso en esta crisis». Sin embargo, adelantó que va a llevar el caso a etapas superiores de la Justicia: «Lo vamos a ganar en cortes internacionales», confió.
Sobre la coyuntura política y judicial de Ecuador, el ex jefe de Estado sostuvo que «no existe Justicia, y Europa no dice nada». Sobre esto, ejemplifica con otras causas que debió afrontar: «Me acusaron de haber asesinado a una persona, aparece la persona viva, pero me siguen acusando de asesinato, diciendo que resucitó. Ya es irracional».
El fallo
La sentencia se dictó dentro del proceso conocido como Caso Sobornos 2012-2016. En el caso están involucrados otros 20 funcionarios, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y la exministra de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte.
En este proceso, la Fiscalía ecuatoriana señaló la participación de los exfuncionarios en la financiación de actividades proselitistas del partido político de Correa, Alianza PAÍS, con dinero de empresarios contratistas estatales. Según esa institución, los supuestos sobornos realizados durante el período que abarca la causa, de 2012 a 2016, superan los 7,5 millones de dólares.
De acuerdo con la sentencia, Correa y Glas son considerados «autores mediatos por instigación al cohecho agravado». El resto de los sentenciados fueron declarados coautores; sin embargo, todos recibieron la misma pena de 8 años de cárcel.
Además de la prisión, la condena contempla la pérdida de participación política por 25 años, condena al pago de daños y perjuicios, y como reparación integral la colocación de una placa en el edificio de la Presidencia de la República, pidiendo disculpas públicas.