Condenaron en Chile a ex agente de Pinochet por violaciones de DD HH

agente de Pinochet

La justicia chilena condenó a más de 37 años de prisión al ex oficial de Carabineros Nelson Bravo. Este es responsable en siete casos de secuestros y homicidios calificados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), informaron este viernes fuentes judiciales.

A Bravo la sentencia lo declaró culpable, en diferentes grados, en las muertes y desapariciones de siete vecinos de la comuna de Paine, a quienes detuvieron en la comisaría de la zona al sur de Santiago, entre septiembre y octubre de 1973.

Fallo de la Corte Suprema
La Corte Suprema determinó una pena de 5 años y un día de presidio en tres de las causas. Los casos fueron los de Gustavo Martínez, José Gumercindo González y Luis Díaz. Para estos tres casos el juez declaró al condenado como cómplice de homicidio calificado, según estipula el fallo.

En otros dos casos se condenó a Bravo a 10 años y un día de prisión como autor de los secuestros calificados (desaparición) de los hermanos Hernán Fernando y Juan Humberto Albornoz.

En las dos condenas restantes, la pena de cárcel dictaminada por la justicia chilena fue de 6 años en cada una. La primera fue como autor material de los secuestros calificados de Pedro Vargas y Jorge Valenzuela.

Responsabilidad del Estado
En el aspecto civil se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 200 millones de pesos (275.000 dólares) a los familiares de las víctimas.

La ministra en visita (juez especial) de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, estableció para todos los casos que a las víctimas las detuvieron o concurrieron a la comisaría de Carabineros de Paine, unidad policial a cargo del entonces capitán Nelson Bravo.

En ese recinto «permanecieron detenidos y luego trasladados al campo de prisioneros ubicado en el Cerro Chena. El campo pertenecía a la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar donde los ejecutaron y en algunos casos desaparecieron», afirma el fallo.

Durante el régimen militar, 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado. De estos 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas