El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) anunció que CITGO Petroleum Corporation debe pagar 19,7 millones de dólares por un derrame en Luisiana en el año 2006.
La compañía filial de PDVSA fue demandada por EEUU y el estado de Luisiana por daños monetarios a recursos naturales provocados por una descarga de petróleo de su refinería en Lake Charles a las vías fluviales cercanas.
El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que «al menos 54.000 barriles de aceite residual (2.268.000 galones) e incontables millones de galones de aguas residuales aceitosas rompieron el berma de contención secundaria defectuosa alrededor de los tanques y fluía hacia las vías fluviales, incluida la vía fluvial adyacente Indian Marais, el río Calcasieu y el estuario Calcasieu».
El incidente contaminó cerca de 150 millas de costa, incluyendo zonas residenciales y pantanosas, lo que ocasionó que el canal de navegación fuera cerrado. Además la descarga de petróleo causo la muerte de aves, peces y otras especies.
Los fideicomisarios federales y estatales utilizarán US$19,18 millones de los US$ 19.688.149,83 pagados por CITGO para proyectos de restauración para compensar los daños causados por el derrame de petróleo de 2006.
El fiscal de la junta interina de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia, Jean William, dijo que «las compañías petroleras tienen la responsabilidad de proteger nuestras aguas, personas, vida silvestre y diversos hábitats del petróleo.derrames, y aquellos que violen ese deber serán responsables de los daños que causen».
Un juez federal de Luisiana, en un juicio iniciado por la Agencia de Protección Ambiental de EEUU, declaró la causa del derrame en 2006 como ,«negligencia grave» de CITGO en la operación y mantenimiento de su instalación de tratamiento en Lake Charles.
Los tanques de la refinería se desbordaron durante una tormenta por el funcionamiento y el almacenamiento inadecuado.
De acuerdo con los documentos judiciales, CITGO desplegó 1.500 camiones de vacío y 60 millas de barreras y equipos de limpieza en ese entonces.
Sin embargo, el tribunal considera que la respuesta inicial de la compañía fue «lenta y deficiente» y no informó a la Guardia Costera de «la verdadera naturaleza» del incidente.
Por lo tanto la compañía debe cancelar un a sanción de US$81 millones, reseña Infobarcelona.cat.