China anunció el sábado nuevas sanciones contra funcionarios de Estados Unidos y Canadá, en una creciente disputa política y económica sobre sus políticas la región mayoritariamente musulmana de Xinjiang.
Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la jefa de la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional, Gayle Manchin, tendrá prohibido visitar China, o sus territorios de Hong Kong o Macao y tener ratos con entidades financieras chinas.
El vicejefe de la comisión, Tony Perkins, fue incluido también en la lista de sanciones, junto con el parlamentario canadiense Michael Chong y la Subcomisión sobre Derechos Humanos Internacionales del parlamento.
China ha rechazado fuertemente las acusaciones de violaciones de los derechos humanos en Xinjiang y ha lanzado llamados a boicot y otros castigos contra firmas extranjeras, incluyendo la cadena minorista H&M y la firma Nike, además de sanciones contra funcionarios y activistas extranjeros que Beijing dice están diseminando falsedades sobre sus políticas hacia los uigures y otros grupos musulmanes en Xinjiang.
“Ellos deben cesar la manipulación política sobre asuntos relacionados con Xinjiang, dejar de interferir en los asuntos internos de China de cualquier manera y abstenerse de proseguir en el sendero equivocado. De lo contrario, se quemarán los dedos”, dijo la declaración de la cancillería.
China anuncio sanciones el viernes contra funcionarios británicos y los productos de H&M fueron retirados de portales chinos por su oposición a comprar algodón de Xinjiang. La liga juvenil del gobernante Partido Comunista lanzó ataques el miércoles contra H&M luego de la decisión de la Unión Europea de sumarse a Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá en la imposición de sanciones a funcionarios chinos acusados de abusos en Xinjiang.
Más de 1 millón de miembros de la minoría uigur y otros grupos predominantemente musulmanes han sido confinados a campos de detención en Xinjiang, de acuerdo con gobiernos e investigadores extranjeros. Las autoridades allí están acusadas de imponer trabajos forzados y control de natalidad.
El gobierno chino rechaza quejas de abusos y dice que los campamentos son para entrenamiento laboral para apoyar el desarrollo económico y combatir el islamismo radical.