Dos demostraciones de fuerza ciudadana que, pacífica e institucionalmente, consiguieron iniciar cambios profundos en una sociedad que se levantó contra la desigualdad, tras protestar contra un Estado ausente en temas sociales y criticar un modelo de grandes éxitos macroeconómicos del cual se benefició una élite empresaria y política.
El 18 de octubre de 2019, la ciudadanía chilena tomó las calles para pedir salud universal, educación pública de calidad y pensiones dignas en un país donde se impuso durante la dictadura de Augusto Pinochet un plan de corte neoliberal que si bien produjo un gran desarrollo en los últimos 30 años también agudizó las diferencias sociales.
Tras una semana de multitudinarias marchas en todo el país, salpicadas por violentos incidentes, incendios y saqueos, el 25 de octubre de 2019 1,2 millones de personas acudieron al centro de Santiago sin convocatoria previa para participar en la que se convirtió en la mayor protesta desde la vuelta de la democracia, una jornada pacífica de rechazo al gobierno del conservador Sebastián Piñera.
«La multitudinaria, alegre y pacífica marcha de hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza», publicó el mandatario en su cuenta de Twitter tras la manifestación.
Tareas pendientes
Las movilizaciones de 2019, que dejaron más de 30 muerto y acusaciones internacionales de violaciones de los derechos humanos en la represión de las fuerzas de seguridad del Estado, derivaron en la convocatoria de un plebiscito para cambiar la Constitución como salida institucional a las protestas, el cual se realizó justo un año después de aquella marcha, el 25 de octubre de 2020. El 78% votó a favor de cambiar la Carta Magna.
«Chile muestra algunos avances, pero debe profundizar sus esfuerzos para abordar las violaciones y abusos cometidos a fines de 2019», recordó este lunes un comunicado de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), que tras realizar una misión técnica en noviembre de hace dos años, elaboró un informe para hacer un seguimiento a la implementación de sus recomendaciones.
Jan Jarab, representante de ACNUDH en América del Sur, dijo que si bien valoran los esfuerzos, «persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales».
También recordó que el derecho de reunión pacífica sigue regulado por un decreto supremo que data de la época de la dictadura.
Cambio en construcción
«Hace dos años, más de un millón de personas marcharon pacíficamente para exigir el fin de la desigualdad. Hace un año, por primera vez en nuestra historia, se le preguntó a la ciudadanía si quería o no una nueva Constitución. Hoy, estamos cambiando el rumbo de Chile», publicó en redes sociales el escritor chileno Jorge Baradit, uno de los 155 miembros de la Convención Constituyente, encargada de redactar la nueva Carta Magna chilena.
El resultado del plebiscito supuso la creación de esta convención, que desde el 4 de julio de 2021 sesiona -por nueve meses prorrogables por tres más- para crear un texto fundamental que recoja todas las demandas que gritaron los chilenos hace dos años en las calles de todo el país.
Ese texto tendrá que ser validado por la ciudadanía de nuevo en otro acto democrático a través de un plebiscito de voto obligatorio. «Hace un año votamos por una nueva Constitución, hoy la estamos escribiendo», escribió la bióloga y hoy convención constituyente Cristina Dorador. AFP