El presidente venezolano revivió dos viejos diferendos marítimos con Guyana y Colombia mediante la definición unilateral de nuevos límites, una medida que afecta además aguas de Francia, Holanda y Surinam
Mediante un decreto del 27 de mayo, el gobierno socialista apunta a ejercer soberanía sobre la zona marítima proyectada desde las costas del Esequibo (en disputa con Guyana) y en el golfo de Venezuela o de Coquibacoa, frente a la costa colombiana, lo que desató protestas de sus vecinos.
El decreto fue dictado casi un mes después que la petrolera estadounidense Exxon Mobil anunciara un hallazgo «significativo» de crudo en una concesión otorgada por Guyana a 200 km de sus costas, pero fuera de la zona en disputa, precisó a la AFP Emilio Figueredo, un experto en límites marítimos que negoció el diferendo fronterizo con Colombia hace cuatro décadas.
En el documento, Caracas impuso límites que cierran la salida de Guyana hacia el Atlántico y, en cuanto a Colombia, invade aguas que este país pretende en la parte norte de Castilletes, explicó a la AFP el experto de derecho internacional Adolfo Salgueiro.
A meses de las cruciales legislativas, algunos expertos creen que Maduro apeló al expediente del enemigo externo como un velo frente a la escasez de dos tercios de productos básicos, inflación galopante (casi un 70% en diciembre, último dato oficial) y la segunda mayor tasa mundial de homicidios (82 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según varias ONG).
El Gobierno «necesita tener algún enemigo externo para promover la unidad nacional con el argumento de la integridad territorial», opina Salgueiro, profesor de posgrado de la Universidad Central.
También Figueredo cree que la intención del heredero político de Hugo Chávez pueda ser «exacerbar los ánimos nacionalistas para desviar la atención sobre los problemas reales del país».
Pero el ex negociador ve además en el decreto un mensaje hacia un sector castrense que estaría inquieto con el Gobierno por su «negligencia frente a actos violatorios de las normas internacionales por parte de Guyana en la zona en reclamación».
Maduro, al hablar de este conflicto, ha convocado nuevamente a la «unión cívico-militar» (un llamado recurrente en el chavismo) y prometió explicar su posición sobre el Esequibo en la Asamblea legislativa, dominada por el Gobierno, pero su intervención ha sido pospuesta dos veces sin explicaciones.
Además el mandatario, fiel a una línea de gobierno marcada por la incesante identificación y denuncia de complots en su contra, habló de una «maniobra internacional de la derecha para provocar a Venezuela con problemas limítrofes».
Todo esto constituye un «mensaje a los seguidores oficialistas para recordar que el Gobierno ejerce soberanía a plenitud», considera Milagros Betancourt, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Católica.
Ciertos desatinos y desprolijidades del decreto, así como su incidencia sobre aguas bajo jurisdicción de otros Estados, fueron destacados también por los expertos y aprovechados por la diplomacia de Guyana para buscar aliados para acusar a Venezuela de afectar a muchos países.
«Nuestra evaluación y la de aquellos expertos que hemos consultado sugieren que el decreto (venezolano) busca anexar una importante porción de la EEZ (Zona Económica Exclusiva) de todos los países caribeños, por lo que la totalidad de la región se ve directamente afectada», dijo el jueves en Georgetown a la AFP el canciller de Guyana, Carl Greenidge.
En Caracas, Salgueiro recordó que la delimitación venezolana podría irritar -además de a Guyana y Colombia- a Francia, Holanda y Surinam. Una de las líneas «se extiende de manera que le quita gran parte de fachada atlántica a Guayana Francesa (parte integral del territorio de ultramar de Francia) y Surinam».
«Holanda también podría decir que interviene» sobre sus territorios, ya que estarían incluidas zonas marítimas de los territorios autónomos de Aruba y Curazao (que dependen de La Haya para relaciones exteriores y defensa) y de la isla Bonaire, parte integral del territorio de ese país europeo.
Salgueiro también dijo que «no se puede establecer una zona (de defensa) en aguas en litigio», en referencia a las cuatro áreas «operativas de defensa integral marítima e insular» que creó el decreto, y por lo cual fue necesario publicar una segunda versión que reconocía la existencia de sectores sin delimitar.
AFP