Cuando cumplen siete meses de reclusión en una cárcel federal de Manhattan, los acusados de narcotráfico Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro, enfrentan ahora un posible nuevo obstáculo: justificar la procedencia del dinero usado para pagar los costosos abogados de la defensa. Vértice consultó a un grupo de juristas y ex fiscales federales que explican las consecuencias para acusados y defensores si se llegara a probar el origen ilegítimo de los fondos
(Nueva York, NY) – En el complejo entramado legal que rige en Estados Unidos, los casos de personas acusadas de narcotráfico no solo tienen la dificultad de enfrentar penas más duras que en otros delitos. También es una complicación particular el pago de honorarios profesionales a defensores de los narcoacusados: debe existir una mínima certeza de que los fondos usados para pagar abogados no provienen de actividades criminales.
Esta complicación es particularmente notable para uno de los casos más prominentes que maneja la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, presidida por el implacable Preet Bharara: el caso de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, (apresados por la DEA en Haití y trasladados a Nueva York el 10 de noviembre de 2015). El inusual cambio de abogados, y sobre todo la contratación de costosos bufetes para su defensa, ha despertado el debate sobre la responsabilidad que tienen los defensores de verificar el origen de los fondos con los que los acusados pagan los servicios legales.
En el sistema legal norteamericano existen leyes específicas sobre la materia que obligan a los abogados a investigar cuando existen indicios o sospechas de que el dinero con el que los acusados — o terceros— pagan las facturas de servicios legales pudiera proceder de actividades ilícitas.
De hecho, la discusión del caso de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela ha despertado muchas suspicacias. Expertos han calificado de “poco regular” que los primos Flores hayan cambiado de abogados en varias oportunidades, pasando de defensores públicos designados por la corte federal, a la contratación de costosos escritorios jurídicos, sin que hasta el momento se haya planteado oficialmente una averiguación sobre el origen de los recursos usados para el pago de sendas facturas legales.
Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas están siendo procesados en la corte del Distrito Sur de Nueva York, acusados de conspirar para introducir en territorio estadounidense 800 kilos de cocaína del alta pureza. Ambos fueron apresados en la ciudad de Puerto Príncipe (Haití) el 10 de noviembre de 2015 y trasladados por agentes de la Agencia Antidrogas (DEA) a Nueva York para ser enjuiciados. Desde su aprehensión, la fiscalía neoyorquina ha recibido dos solicitudes formales para que se abra una investigación sobre la naturaleza del dinero usado por los acusados para costear la defensa, motivado a que existen suficientes indicios para intuir que los recursos tienen origen ilegítimo, bien sea porque provenienen de negocios del tráfico de drogas u de una organización delictiva ilegal, o sean el fruto de la malversación de fondos públicos del Estado venezolano.
En Estados Unidos es el ente acusador el que debe iniciar la investigación formal sobre el origen, legal o no, de los recursos con los que se paga la defensa, cuando existen indicios de irregularidades. El dinero sucio puede venir de cualquier actividad delictiva. Y según las leyes estadounidenses, es un delito el uso de ingresos provenientes de la venta de narcóticos, de la corrupción pública, del robo, así como cualquier ganancia que provenga de organizaciones criminales de carácter ilegítimo.
En Estados Unidos existe una amplia jurisprudencia que obliga a los abogados contratados por los acusados a realizar investigaciones sobre el origen legítimo de los recursos con los que el tercero, cuyo nombre no ha sido revelado, está pagando la defensa de los acusados.
De acuerdo a Eduardo Palmer, ex fiscal federal y abogado con amplia experiencia en casos criminales basado en Miami, muchas veces las investigaciones sobre el origen de los fondos no se producen porque, por lo general, los fiscales que llevan a cabo las acusaciones “están saturados de trabajo” y, aún más, carecen de presupuesto suficiente para llevar una averiguación paralela, por lo que prefieren enfocarse en la causa mayor, que es la que inició el proceso contra los acusados y dejar por fuera ese otro aspecto.
No obstante, son los abogados contratados por los imputados quienes deben ser los primeros en verificar la legitimidad de los fondos con que se les paga. Si los defensores reciben dinero sucio y esto se descubre, corren el riesgo de que sus honorarios sean confiscados por el gobierno federal y, además, pueden enfrentar difíciles y complicados procesos judiciales que pueden llevarlos a la cárcel, a ser objeto de sanciones disciplinarias y hasta a perder sus licencias.
En el caso de los primos Flores existen registros públicos donde queda en evidencia la relación en el pasado de algunos de los escritorios jurídicos contratados por los acusados con empresas propiedad del Estado venezolano (Citgo y Pdvsa), en cuyas cabezas se encuentra la familia directa de los indiciados, como lo es el presidente Nicolás Maduro y la primera dama y actual diputada a la Asamblea Nacional, Cilia Flores.
Paralelo a la presunsión de que el dinero usado por los Flores para pagar la defensa sea de orígen ilegítimo, el caso de los inusuales cambios de abogados defensores de los llamados “narcosobrinos” captó la atención de la fiscalía de Nueva York. El propio fiscal Preet Bharara solicitó a la corte federal hacer un cuestionario a ambos detenidos en la audiencia del 12 de mayo de 2016, para dejar en claro que los indiciados comprendían y refrendaran ante la autoridad judicial que existe un conflicto de intereses cuando un tercero paga los dos escritorios jurídicos de los acusados. En una misiva fechada el 6 de mayo de 2016, Bharara explicó que investigó la situación de la defensa de los Flores y descubrió que un tercero paga los abogados de ambos, cuestión que plantea un conflicto de intereses que puede poner en riesgo el derecho que otorga la Sexta Enmienda de la Constitución, que garantiza al acusado una representación legal libre de conflictos.
En Estados Unidos existe una amplia jurisprudencia que obliga a los abogados contratados por los acusados a realizar investigaciones sobre el origen legítimo de los recursos con los que un tercero, cuyo nombre no ha sido revelado, está pagando la defensa de los acusados.
Dado los lazos familiares que existen entre los Flores y el poder político en Venezuela, y la naturaleza misma de los delitos que se les imputan, los expertos consultados por Vértice advierten que más allá de la obligación legal y las consecuencias penales, los defensores de Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas tienen la responsabilidad moral y ética de dejar en claro la legitimidad del dinero que reciben por sus servicios de representación.
Los abogados Michael D. Mann y David M. Rody, de la firma Sidley Austin LLP, son los defensores de Franqui Francisco Flores de Freitas. Y Randall W. Jackson y John T. Zack, del escritorio Boies, Schiller & Flexner LLP; representan a Efraín Antonio Flores de Freitas en el proceso criminal cuyo juicio fue fijado para el 7 de noviembre de 2016.
Motivado al incremento de casos en los cuales los acusados de delitos de narcotráfico usaban dinero proveniente de sus actividades delictivas para pagar su defensa, el gobierno creó un complejo entramado jurídico que hace cada vez más difícil que los defensores de narcotraficantes reciban dinero sucio, contribuyan a que sus clientes laven dinero en el sistema financiero norteamericano, o conviertan en valor legitimado a través de gastos legales los fondos de origen irregular.
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