Este 2 de marzo, el presidente estadounidense Joseph «Joe» Biden extendió por un año más la Orden Ejecutiva 13.692 publicada el 8 de marzo de 2015, con la que el presidente Barack Hussein Obama decretó que Venezuela representaba «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de los Estados Unidos.
Entonces, Obama alegó que la declaratoria de «una emergencia nacional con respecto a la situación de Venezuela, se debía a «la erosión de las garantías de derechos humanos (…), la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales, y arrestos y detenciones arbitrarios de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia exacerbada de una importante corrupción gubernamental» en el país suramericano.
En un comunicado difundido por la Casa Blanca en horas de la tarde de este miércoles, la administración Biden justificó esta nueva prórroga, aduciendo que las circunstancias descritas originalmente en la Orden Ejecutiva 13.692 y las subsecuentes, «no han mejorado y continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos».
El decreto de 2015 fue el punto de partida de una política injerencista cada vez más agresiva de Washington hacia Caracas, consistente en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, bloqueos financieros y pretensiones de aplicación extraterritorial de la justicia, en su intento de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro e imponer un régimen afín a sus intereses.
Los efectos negativos e inhumanos de estas medidas coercitivas unilaterales sobre el pueblo de Venezuela, fueron documentados y divulgados detalladamente por la relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan, a mediados de febrero.