El banquero Julio Herrera Velutini se entregó hoy en las oficinas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en San Juan para enfrentar los cargos relacionados al caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.
En días recientes, Herrera Velutini presentó los tres abogados que lo representarán en el caso. De acuerdo con mociones públicas presentadas en el expediente del caso, la abogada Lilly Ann Sánchez, quien tiene su oficina en Miami, Florida.
Sánchez, quien tiene una carrera de tres años que incluye haber sido fiscal federal, cobró notoriedad en el 2008 cuando fue parte de la defensa legal de Jeffrey Epstein, acusado por abuso sexual de una menor de 14 años de edad.
Sánchez formó parte de un acuerdo de culpabilidad para Epstein, quien cumplió 13 meses en prisión. Posteriormente, en el 2019, fue acusado por las autoridades federales por tráfico sexual de menores de edad en Florida y Nueva York, tras identificar a 36 niñas que supuestamente fueron abusadas por Epstein, quien luego se suicidó en prisión.
Al hacer su comparecencia para el caso, Sánchez “firmará todas las mociones” ante el tribunal.
Mientras, por Herrera Velutini también compareció otro abogado con práctica en Estados Unidos, Michael Zweiback, con sede en Los Ángeles, California.
En su moción indicó que fue “contratado personalmente por el señor Herrera para proveer representación legal en relación con el caso referido que está ante el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico”.
Por su parte, la licenciada Sonia Torres Pabón será la abogada de Herrera Velutini en Puerto Rico.
Herrera Velutini era uno de los coacusados en quedar bajo custodia del FBI en relación a este caso, pues se encontraba en Londres, Inglaterra, cuando el Gran Jurado emitió las acusaciones.
Vázquez Garced fue arrestada el pasado 4 de agosto por por agentes del FBI en su residencia en Río Piedras.
El otro acusado en el caso, el exasesor de Herrera Velutini y exagente del FBI, Mark Rossini, se entregó a las autoridades el 9 de agosto, luego de viajar desde su residencia en Madrid, España.
Según la acusación del Gran Jurado Federal, los tres conspiraron para que Vázquez Garced recibiera aportaciones a su campaña a la gobernación de parte del banquero, con la ayuda de Rossini, a cambio de que la entonces funcionaria sacara a George Joyner de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), para así poner fin a la auditoría que había detectado transacciones sospechosas en cuentas del banco de Herrera Velutini. El Nuevo Día