Este lunes 13 de septiembre la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, exteriorizó su “confianza” al diálogo que en México sostienen el Gobierno constitucional de Nicolás Maduro y la delegación de la ultraderecha que durante años alteró la paz del país librando acciones terroristas; así lo expresa un reciente informe en el que reconoció el daño de “sanciones sectoriales” pero sin mencionar al autor, EE.UU., por su nombre.
Bachelet pidió “a todos los países que mantienen sanciones sectoriales” contra Venezuela que pongan fin a sus medidas restrictivas, al lamentar que el pueblo venezolano sufre la precaria situación económica y social bajo la presión de estas acciones, reportó RT.
“Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones”, manifestó, sin mencionar por su nombre a estos países ni cuestionar la ilegalidad de tales medidas unilaterales.
Así quedó plasmado en el informe “sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y la cooperación entre mi Oficina y la República Bolivariana de Venezuela” presentado en Ginebra, Suiza.
“Confío en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos”, indicó Bachelet, luego de haber mostrado un balance efectuado sobre diversos ítems, reseña el Diario VEA.
Bachelet señaló “su satisfacción” en torno al compromiso que con este proceso asumieron “las autoridades con mi Oficina”, confiando “en que seguiremos profundizando en nuestra cooperación”.
Diversos programas
Bachelet, de origen chileno, identificó en “sanciones sectoriales” (denominando así, sin mencionar al gobierno de EE.UU., las ilegales medidas unilaterales aplicadas por el régimen imperial), las causas del desequilibrio y la distorsión económica que desde 2014 afectan a la población.
El informe interpreta en dichas “sanciones” la razón de que “los ingresos siguen siendo dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado, afectando el acceso a la alimentación y a la educación”.
Apuntó que, a pesar de ello, la Revolución Bolivariana ha puesto en marcha programas económicos y sociales “para aliviar la situación”, reconociendo que se han obtenido “algunas mejoras” en los últimos años.
Enfrentando la pandemia
Aludió el efecto agravante generado por la pandemia de COVID-19, que sumado a las “sanciones sectoriales”, mellan “la situación humanitaria y económica preexistente”.
Dijo: “Reconozco los esfuerzos realizados por el Gobierno para hacer frente a los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19”. No obstante, aseguró que “esto significó desviar los escasos recursos de otros tratamientos médicos necesarios, amplificando aún más la escasez en el sector de la salud”.
Dijo más, y consideró ante la insuficiencia de las dosis de vacunas disponibles hasta ahora, “recordar a todas y todos los presentes que el acceso a las vacunas es un derecho humano y debe considerarse un bien público mundial”.
Ampliando la cooperación
Anunció que será renovada por segunda vez la Carta de Entendimiento, suscrita con las autoridades nacionales hace 2 años a raíz de la llegada de su equipo al país.
El acuerdo se concretó el viernes 10 de los corrientes en aras de seguir “ampliando nuestras áreas de cooperación, así como nuestro acceso y presencia” para lo cual se estará “doblando el número de oficiales de derechos humanos en el país de 6 a 12”.
Se busca así, dijo, seguir centrándose “en fortalecer los mecanismos nacionales de protección y el acceso a la justicia, así como la asistencia técnica a la agenda legislativa, la implementación de las recomendaciones de los diversos mecanismos de derechos humanos y las reformas policial y judicial recientemente anunciadas”.
Citó “las reformas policiales y judiciales en curso”, aseverando que existe la disposición de acompañarlas en pro de “contribuir a su conformidad con las normas de derechos humanos.
Precisó que los mecanismos de cooperación entre las partes dieron sus frutos: 152 detenidos han sido liberados desde junio 2020. “Doy la bienvenida a la absolución de Jaulio Bratar» (sic).
El informe contiene otros señalamientos que este mismo lunes fueron severamente cuestionados por el Gobierno Bolivariano, en vocería del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
“La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso inexorable para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos como único camino para la realización de la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano”, expresa la respuesta del Estado Bolivariano.
🔴 Saludamos que la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, reitere su llamamiento para el levantamiento de las ilegales medidas coercitivas sectoriales que recaen sobre #Venezuela 🇻🇪, dado su impacto desproporcionado en el conjunto de la población#ElBloqueoEsUnCrimen pic.twitter.com/DrYD3SDvF8
— Organización Sures (@SuresDDHH) September 13, 2021