La presidenta delega en el próximo Parlamento la responsabilidad para definir los mecanismos para cambiar la Carta Magna de Chile
Uno de los principales compromisos de campaña de la socialista Michelle Bachelet para llegar por segunda vez a la presidencia de Chile en marzo de 2014 fue una nueva Constitución. Pese a que para la inmensa mayoría de la población el debate resulta incomprensible por su complejidad, el cambio de la Carta Magna redactada por el régimen de Augusto Pinochet en 1980 se transformó en una demanda ciudadana y en una bandera de lucha de movimientos y partidos que fue acogida por la socialista como candidata y presidenta. El martes, después de meses de intenso debate, la mandataria informó de los detalles del proceso a través de un canal de televisión.
“La actual Constitución tuvo su origen en dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría. Por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía […] Ha llegado el momento de cambiarla. Chile necesita una nueva y mejor Constitución, nacida en democracia y que exprese la voluntad popular”, señaló durante una intervención de casi ocho minutos.
La principal sorpresa del anuncio es que no habrá una nueva Constitución antes de que en marzo de 2018 acabe el periodo de Bachelet
La principal sorpresa del anuncio es que no habrá una nueva Constitución antes de que en marzo de 2018 acabe el periodo de Bachelet, que cuenta con mayoría en ambas cámaras. Aunque la presidenta señaló que “el proceso de elaboración de una nueva Carta Magna ya está en marcha”, y detalló exhaustivamente cada una de las etapas, serán las autoridades parlamentarias elegidas a fines de 2017 las que deberán elegir el mecanismo entre cuatro opciones: la formación de una Comisión Bicameral de Senadores y Diputados; una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos; la convocatoria a una Asamblea Constituyente; y la convocatoria a un plebiscito por parte del Congreso, para que sea la ciudadanía la que elija entre las anteriores alternativas.
“La decisión del mecanismo recaerá en el nuevo Parlamento nombrado en 2017, con el nuevo sistema electoral que aprobamos este año, con una nueva ley de partidos y una ley de financiamiento electoral. Es decir, dotado de mayor legitimidad, representatividad y transparencia”, explicó la socialista.
«La decisión del mecanismo recaerá en el nuevo Parlamento elegido en 2017», anunció la presidenta
El Gobierno iniciará en los próximos días una etapa de educación cívica y constitucional, que se prolongará hasta marzo de 2016. A partir de entonces, el Ejecutivo realizará un proceso ordenado de diálogos ciudadanos que finalizará con una síntesis en todo el país. Los resultados de esas conversaciones darán origen a las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución, que Bachelet recibirá en octubre del próximo año. Todo este proceso, indicó la jefa de Estado, estará vigilado por un Consejo Ciudadano de Observadores. Al finalizar ese proceso, el Gobierno estará en condiciones de formular el proyecto de ley de una nueva Constitución, que ingresará al Congreso el segundo semestre de 2017, el último de esta segunda Administración de Bachelet. La presentación de esta iniciativa al Parlamento coincidirá con la campaña presidencial y parlamentaria.
Todo este proceso, indicó la jefa de Estado, estará vigilado por un Consejo Ciudadano de Observadores
En paralelo, Bachelet preparará el terreno legislativo para que el plan sea posible. A fines de 2016, el Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto que habilite al próximo Congreso a definir el procedimiento de una nueva Constitución, que tiene que ser aprobado con el apoyo de al menos dos tercios de la Cámara. La presidenta explicó que también propondrá que el nuevo Parlamento, el de 2018, pueda zanjar el mecanismo “por una razonable mayoría de tres quintos”. De acuerdo con lo que explicó, una vez que el proyecto sea sancionado por los diputados y senadores, deberá ser ratificado por los ciudadanos a través de un plebiscito vinculante, lo que ocurrirá en el siguiente Gobierno.
Rocío Montes/El País