Sara Cockerill, magistrada de la Alta Corte de Londres en donde se dirime el caso de las 32 toneladas de oro venezolano confiscado por Bank of England, decidió este viernes limitar el testimonio del presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, en el nuevo juicio que se realizará entre el 13 y el 18 de julio, recoge AFP.
Tras varios años de litigio, la justicia británica ha evitado devolver el oro a Venezuela, con el argumento de que el gobierno de Boris Johnson no reconoce al gobierno del presidente Nicolás Maduro sino al autoproclamado Juan Guaidó.
Sobre esta base, la corte comercial llevó la disputa al terreno de dictaminar si es válida la declaratoria de nulidad que hiciera el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en relación con la designación de miembros de una «junta directiva ad hoc» realizada por Guaidó.
«El juicio de julio determinará la cuestión de la validez de los nombramientos de la junta de Guaidó. Si sus nombramientos no son válidos, el tema se acaba aquí», dijo este viernes en una visita preliminar Richard Lissack, representante del gobierno venezolano.
En este marco, Cockerill anunció que limitaría «la prueba testifical a los asuntos que sean relevantes» a efectos de la invalidación de los nombramientos decidida por el TSJ, para evitar asuntos que «complican el procedimiento».
Lissak indicó que Ortega testificará en el juicio y su representante jurídico dijo a la AFP que su intención es hacerlo en persona, pero todavía está a la espera de que se le conceda el visado.
Jonathan Miller, otro de los abogados que representa los intereses de Caracas, manifestó que su propósito es evitar que se reconozca a la «junta directiva ad hoc» pretendidamente designada por Guaidó, porque eso les daría «carta blanca para hacer lo que quieran».
«Si se les concede autoridad en un sentido general, surge la cuestión de qué tienen derecho a hacer», destacó. AFP sintetiza que según Miller, el objetivo terminal de la acción legal que adelanta el gobierno venezolano es «impedir tanto que transfieran los bienes a sus cuentas personales como a un banco en Estados Unidos, país que ha dado a la oposición control total de las reservas internacionales de Venezuela».
Por su lado, el representante de Guaidó, Andrew Fulton calificó como «falso» lo esgrimido por el equipo legal del gobierno de Venezuela y señaló que el testimonio de Ortega sería «politizado y profundamente problemático».
En la misma línea, Fulton adelantó que Caracas se enfocaría en denunciar las «consecuencias potencialmente catastróficas para la economía venezolana», si la la corte comercial de Londres dictamina que la decisión del TSJ no es válida y reconoce la legalidad de la «junta» designada por Guaidó, al tiempo que aseguró que «la oposición no tiene ninguna intención de desviar los fondos».
Sobre las potenciales consecuencias que tendría el reconocimiento de la «junta directiva ad hoc» del BCV nombrada por Guaidó, Lissak comentó que «sería injusto proceder con este caso como si no hubiera un futuro».
La jueza Cockerill decidió que dejaría cualquier otro tema para el final del juicio, para evitar que otras consideraciones «infecten» la exposición de argumentos relacionada con el fallo del TSJ de Venezuela. AFP
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