El alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó este viernes su preocupación por el «deterioro» de la situación de los derechos humanos en Venezuela, durante su intervención en la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En la presentación de un informe sobre la situación del país, Türk advirtió que, entre mayo de 2024 y mayo de 2025, su oficina ha documentado «graves violaciones», incluyendo «detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violaciones del debido proceso».
“Durante este período, hemos visto cómo personas, incluidas figuras de la oposición y defensores de derechos humanos, han sido objeto de detenciones bajo cargos cuestionables, especialmente relacionados con la legislación antiterrorista”, señaló el alto comisionado.
Türk informó que en el contexto de las elecciones parlamentarias y regionales —celebradas el pasado 25 de mayo— las autoridades venezolanas anunciaron la detención de aproximadamente 70 personas, entre ellas ciudadanos extranjeros, acusados de formar parte de un supuesto «grupo terrorista». Posteriormente, afirmó que el gobierno venezolano aseguró haber desmantelado una red vinculada a varias organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
El funcionario de la ONU cuestionó el uso de la legislación antiterrorista en estos casos, asegurando que su aplicación «no se ajusta a las normas del derecho internacional», y denunció que los procesos judiciales a los que son sometidos muchos de los acusados «no cumplen con estándares internacionales de justicia».
Además, alertó que numerosas personas permanecen privadas de libertad por hechos vinculados a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y que al menos 1.500 personas fueron liberadas durante el período cubierto por el informe.
La oficina de Türk también reportó que 32 personas fueron «víctimas de tortura» durante su detención, entre ellas 15 adolescentes. Además, indicó que 28 personas fueron desaparecidas tras las elecciones presidenciales de 2024, incluidos 12 ciudadanos extranjeros que «no han recibido asistencia consular».
El alto comisionado instó a las autoridades venezolanas a «respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizar el debido proceso y cesar la criminalización de la sociedad civil».