El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció que solicitó una investigación «esclarecedora de graves cargos» para «determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas» con respecto a la aprobación de fondos para ayuda humanitaria en Colombia destinada a Venezuela.
A través de su cuenta en Twitter, el funcionario de la OEA dijo que exigió «a la jurisdicción competente (una) investigación esclarecedora de graves cargos aquí formulados, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción».
Solicitamos a jurisdicción competente investigación esclarecedora de graves cargos aquí formulados, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción. https://t.co/3P9y5G75lI
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) June 14, 2019
Enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia
Desvío de dineros, malversación de fondos, inflación de cifras, fraude y amenazas para que emisarios del presidente Guaidó se rodeen de lujos.
A este punto, la pregunta natural que debería surgir es: ¿qué ocurrió con los fondos para pagar el hotel en el que se hospedaban los militares? El Gobierno de Guaidó, el de Duque y representantes de ACNUR habían acordado, semanas antes, la distribución de los fondos y la responsabilidad que asumirían cada uno.
Afortunadamente, en honor a la verdad, la pregunta no se queda sin respuesta. La hay y, para entender qué es lo que ha ocurrido, que va mucho más allá del pago de algún hotel en Cúcuta, hay que regresar al 23 de febrero de este año, cuando de un gran fracaso se logró tejer una red de corrupción.
Los diputados José Manuel Olivares y Gaby Arellano, con meses exiliados en Colombia, eran los que conducían con mayor sutileza y detalle toda la parte operativa relacionada a los esfuerzos por ingresar ayuda humanitaria a Cúcuta. Olivares, particularmente, llevaba días manejando, junto a otros activistas venezolanos, la eventual posibilidad de un quiebre militar en la frontera que derivaría en el gran triunfo del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.
Pese a la relevancia de Olivares y Arellano, su cercanía al Gobierno de Colombia, su compromiso desde el 2014 con el tema y su cabal entendimiento de lo que ocurría en la frontera, ambos fueron inesperadamente apartados de una responsabilidad clave.
El 24 de febrero, al día siguiente de que decenas de militares cruzaran la frontera hacia Colombia, el presidente Juan Guaidó firmó una carta en la que se autorizó a Rossana Barrera y a Kevin Rojas, ambos militantes de Voluntad Popular, la atención de «la situación de los ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio», reza la misiva.
En el prestigioso medio El Tiempo de Colombia se lee que tanto Barrera como Rojas habían sido designados «para supervisar» la estadía de los militares en Cúcuta. Infobae reporta, de la mano de la periodista Sebastiana Barráez, que ambos son los «responsables de los aspectos de comando, logística y seguridad de los militares que están en Cúcuta».
Estos nombres son claves; sin embargo, las miradas se deben posar sobre la mujer, Rossana Barrera, quien es la cuñada del diputado del partido Voluntad Popular, Sergio Vergara, mano derecha del presidente Juan Guaidó luego de que Roberto Marrero fuera secuestrado por el régimen de Maduro. Esto fue confirmado por un miembro del equipo de la presidencia.
Barrera, junto a Kevin Rojas, asumió completamente la operatividad de lo que ocurría en Cúcuta y se encargó del manejo de fondos para el pago de la estadía de los militares. Las alarmas se encendieron cuando, según me dijo un funcionario de la inteligencia colombiana, Barrera y Rojas empezaron a llevar una vida que no se correspondía con quienes eran.
Me entregaron todas las pruebas. Facturas que demuestran excesos y, varias, extrañísimas, de diferentes talonarios, firmadas el mismo día y con estilos de escritura idénticos. Casi todas sin sello. Gastos de más de 3 000 000 de pesos en hoteles colombianos y en discotecas, por noche. Unos mil dólares en bebida y comidas. Gastos de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta. Reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles a sobreprecio. Plata que fluía. Mucha plata.
Inteligencia colombiana fue la primera en precisar la anomalía. Nuevamente: en Cúcuta sucede algo.
Barrera, designada por Guaidó, empezó a desarrollar todo un entramado para malversar fondos relacionados a la ayuda humanitaria y la manutención de los militares en Cúcuta. Según me confirmaron tres fuentes diferentes, Barrera reportaba a Caracas el pago de los siete hoteles en los que se estaban alojando los uniformados y sus familiares. Caracas desembolsaba los fondos; sin embargo, a Venezuela, subrayo, solo le correspondían dos hoteles.
Otro incidente, del que se percató el Gobierno de Colombia, estuvo relacionada con la cifra de militares en Cúcuta. La información oficial, proveída por el Gobierno de Juan Guaidó al de Iván Duque luego de una valoración, era de más de 1 450 funcionarios. No obstante, una evaluación paralela de inteligencia colombiana concluyó en que Barrera y Rojas habían inflado la cifra de desertores. Realmente eran unos 700.
El 23 de Marzo denunciamos gigantesca trama de corrupción de Guaidó con dinero enviado a Cúcuta para reclutar sicarios. Aparecen (en el celular de Marrero) relación de #GuaidóLadrón con “Rosana de Cúcuta” y la cuentas en las que se dep a Rosana centenas de miles de dólares https://t.co/AVCOoEY9zU
— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) June 15, 2019
Barrera siguió, pero ya investigada por el Gobierno de Colombia. A mediados de mayo ambos encargados de la operatividad en Cúcuta se propusieron organizar una cena benéfica con el fin de recoger fondos para mantener a los uniformados y sus familiares. Aunque en un principio intentaron hacerlo con el aval de la embajada de Guaidó en Colombia, al final, ante la reticencia del embajador, lo hicieron por su parte. Sin embargo, como me comentaron dos miembros diplomáticos de Israel y Estados Unidos, respectivamente, Barrera envió invitación a las embajadas en Bogotá a nombre de la representación venezolana encabezada por Calderón Berti, utilizando un correo electrónico falso.
El evento iba a ser en el muy lujoso restaurante Pajares Salina ubicado en la exclusiva urbanización de Chicó Norte en Bogotá. Al final se tuvo que cancelar debido a que los miembros de la embajada pusieron al tanto a las otras representaciones de que ellos no auspiciaban el evento. Al contactar a la embajada y referirme a la invitación, me confirmaron que ellos nunca estuvieron detrás del intento de realizar una cena benéfica.
Ya para el momento el comportamiento de Barrera era insostenible e imposible de eludir. Una fuente de inteligencia de Colombia me dijo que compartió toda la información que poseía con la embajada venezolana y con el presidente Iván Duque. Les informaron de todo el material que tenían sobre Barrera y Rojas.
Según el miembro de inteligencia, la embajada hizo lo que le correspondía y avisó a Caracas. En concreto, me dijo el colombiano: «Leopoldo López y Juan Guaidó se enteraron de todo lo que hacían Rossana Barrera y Kevin Rojas».
Intenté contactar a Guaidó al respecto, le escribí, pero no hubo respuesta. Tampoco hubo respuesta de su jefe de prensa.
Ya para este momento el asunto era un secreto a voces. Todo el Gobierno colombiano estaba enterado. Cancillería, inteligencia y la presidencia. Aunque tácita, la intención hoy es que esto se filtre, que se sepa y se concluya. Poco a poco se volvía un escándalo imposible de sostener, lo que obligó a actuar al Gobierno de Juan Guaidó.
Rossana Barrera y Kevin Rojas fueron apartados del cargo aunque, entre conversaciones, Caracas mostraba una defensa a ultranza de ambos. Hubo amenazas y se trató de desviar la responsabilidad hacia la embajada de Calderón Berti.
Finalmente, ante las presiones a Caracas, Barrera acudió el 27 de mayo a una reunión con miembros de la embajada para someter sus gastos en Cúcuta a una auditoría. Un hombre, el diputado Luis Florido, la acompañó para abogar por ella, según comentó un allegado a uno de los que estuvo presente en la reunión.
La carpeta que entregó era pequeña. Muy pocas hojas para toda la escandalosa información que manejaba la inteligencia colombiana. Al final Barrera pudo entregar un soporte, bastante burdo, de US$ 100 000 que había gastado durante su estadía en Cúcuta. Varios montos de los que entregó no se correspondían con la realidad. La cifra es formidable pero, según me dijo el miembro de inteligencia, se queda corta.
Al preguntar en la embajada de Venezuela sobre si la reunión había ocurrido, me lo confirmaron. Sin embargo, no me quisieron dar ninguna información sobre quienes habían participado en el encuentro en Bogotá.
El Gobierno de Colombia está molesto. Muy molesto. Esto, junto al hecho de que jamás le notificaron de los diálogos escandinavos y los errores cometidos el 23 de febrero, los ha llevado a preguntarse cuál es el concepto que los venezolanos tienen por «aliado».
Aunado a ello, aunque hace más de treinta días se puso al tanto a López y a Guaidó del entramado de corrupción de sus emisarios en Cúcuta, no han recibido ninguna respuesta todavía.
La pérdida
Rossana Barrera y Kevin Rojas, además de ser responsables del sustento de los uniformados, también compartían obligación con todos aquellos que se debían encargar del manejo de las toneladas de ayuda humanitaria estacionada en Cúcuta y donada por varios países. Un nombre clave es el de Miguel Sabal, el designado por el Gobierno de Juan Guaidó para manejar todo lo relacionado a USAID.
Según me confirmaron tres fuentes, que pidieron, me ratificaron en todo momento que guardara su condición de anonimato por lo delicado de la denuncia, al menos el 60 % de todos los alimentos donados por aliados del Gobierno de Juan Guaidó se dañó. Me mostraron fotos sin compartírmelas.
La comida está podrida, me dice. «Todo lo que envió el presidente Piñera ya no sirve. Está ahí. No saben qué hacer con ello para que no se arme un escándalo. Lo quemarán, imagino».
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Lo quemarán. El fuego, las brasas. Todos arden en la hoguera por el sistema. Los pobres y los más pobres.
Es el sistema. Ese que ha captado a miembros del Gobierno de Juan Guaidó.
No es el régimen. Es el maldito sistema.
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A continuación adjunto documentos, información y pruebas que sostienen el artículo. Hay muchísima más información, fotos y documentos que, por los momentos, el PanAm Post se reserva:
Lo anterior: facturas del Cinera, hotel que le correspondía pagar a ACNUR.
Lo anterior: factura del Hampton, hotel que le correspondía pagar a ACNUR.
Lo anterior: facturas del Hotel Vasconia, de diferentes días, con el número de recibo en secuencia.
Lo anterior: gastos del mes de abril por más de US$ 30 000.
Lo anterior: reportes a Caracas con cuentas por pagar. Incluyen cuentas del Hotel Villa Antigua, en manos de ACNUR; y reportan un monto de más de US$ 34 000. Además proyectan gastos de más de US$ 15 000 e incluyen Hotel Villa Antigua.
Lo anterior: reportes de gastos a Caracas de más de US$ 47 000. Incluyen entre los gastos a los hoteles Cinera, Cinema Cúcuta, Hampton, Sterling y Zaraya, divididos entre el Gobierno colombiano y ACNUR.
Lo anterior: conversación entre mano derecha de Juan Guaidó, Roberto Marrero, y Rossana Barrera. Intercambio de correos entre Barrera, Kevin Rojas e Iván Barrera Núñez, mencionado en conversación de Whatsapp.
Con información de PanamPost