El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, aseguró el martes que a la ciudad le quedan alimentos en los mercados para tres o cuatro días y advirtió que está cerca de una situación crítica a nivel sanitario porque no se ha podido recoger la basura debido a las violentas protestas de los indígenas para exigir al gobierno ecuatoriano la reducción del precio de la gasolina, entre otras demandas.
En una entrevista con The Associated Press, Guarderas manifestó que “es dramática la situación” y aseveró que los mercados “están quedando desabastecidos por el cierre de carreteras y porque los vehículos que traen los productos no han podido pasar, pero además en las protestas hay grupos violentos que recorren los mercados obligándoles a cerrar sus instalaciones, donde queda alguna reserva de alimentos”.
Dijo que otro de los temas de preocupación para la alcaldía es que “los carros recolectores de basura no pueden circular y la basura comienza a acumularse en distintos sectores, (lo que) podría generar una emergencia sanitaria porque no se pueden recoger unas 2.000 toneladas (de basura) diarias”.
Destacó que a pesar de los pedidos, los manifestantes no han accedido a que los carros recolectores y la maquinaria puedan trabajar al menos durante las noches.
Desde el 14 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas —la mayor de su tipo en la nación andina— mantiene un paro nacional por tiempo indefinido que ha afectado especialmente a seis provincias del centro norte ecuatoriano en demanda de la reducción del precio de la gasolina, la fijación de precios de los productos agropecuarios y mayor presupuesto para la educación y otros servicios básicos.
En un esfuerzo por controlar la situación, el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha declarado estado de excepción a las provincias de Imbabura, Pichincha —cuya capital es Quito— Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, pero tal medida ha tenido muy poco efecto debido a que las protestas se han multiplicado tornándose cada vez más violentas con acciones de saqueo, agresiones a propiedad y vehículos privados e incluso a personas particulares, según las autoridades.
“He pedido ayuda a la policía y el ejército nacional para que intervengan, porque Quito ha sido declarada zona de seguridad, pero se mantienen los excesos de violencia y vandalismo de los manifestantes”, expresó el alcalde, que aseguró que la ciudad se encuentra virtualmente paralizada.
Convocó tanto al gobierno como a los dirigentes indígenas y sociales a un diálogo para llegar a consensos y restaurar la paz y la unidad nacional, y expresó que “si es del caso las instalaciones del municipio están a la orden para instalar las mesas de diálogo. No sólo promovamos el diálogo, sino instalemos el diálogo con ambas partes”, subrayó.
Afirmó que es necesario buscar una salida pacífica urgente porque “la escalada de violencia en poco tiempo se duplica o se triplica y realmente es una situación que causa una gran incertidumbre”.
Añadió que reconoce el derecho a la protesta, “pero siempre que esta sea respetuosa de los derechos y libertades de las personas y sobre todo que se respete la propiedad privada. Rechazamos estos actos de vandalismo que pone en riesgo la vida, la seguridad y el orden democráticos”. AP
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