Un reportaje realizado por confidencial.com.ni en conjunto con la página venezolana armando.info y gracias al apoyo de Open Society Foundation, se ha podido conocer que ocho años después del inicio de una fluida cooperación estatal entre Venezuela y Nicaragua, el gobierno del comandante Daniel Ortega ha “privatizado” más de US$3.047 millones de dólares de la factura petrolera sin ninguna clase de ley o escrutinio público, mientras ha fomentado con la venia de Venezuela el surgimiento del nuevo grupo económico Albanisa, con un peso decisivo en el sector energético nacional, así como el desvío de fondos millonarios a otra clase de negocios privados controlados por la familia presidencial
Cuando el comandante Hugo Chávez acudió a Managua a la toma de posesión de Ortega, en enero de 2007, al día siguiente se suscribió un acuerdo energético que rige la cooperación y permite a Managua importar diez millones de barriles anuales. El acuerdo fue suscrito en el marco de Petro Caribe en marzo del 2007, pero aún faltaba el acta constitutiva de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), la compañía “privada” creada en julio de ese año que serviría para importar el petróleo y cuyos socios serían dos empresas estatales: la petrolera venezolana PDVSA con el 51% de las acciones y la nicaragüense Petronic con el 49%.
El acuerdo original establecía que Nicaragua pagaría el 50% de la factura petrolera a 90 días y el otro 50% se pagaría en términos concesionales pactados a más de 23 años plazo con dos de gracia, quedando este fondo a disposición de Nicaragua para financiar obras de infraestructura y proyectos sociales. Unos meses después, a finales de abril del mismo año, los Presidentes suscribieron el acuerdo energético del ALBA, modificando el anterior en el que se establece que del 50 % del préstamo, el 25% sería cooperación no reembolsable canalizada a través del Fondo Alba, y que el restante 25% sería asumido por Nicaragua.
Una entidad privada: Alba Caruna
La mutación de lo público a un manejo privado sin ninguna clase de control o fiscalización estatal ocurrió en 2008, explica el economista Adolfo Acevedo, uno de los más acuciosos investigadores de la cooperación entre Venezuela y Nicaragua. El acuerdo energético original, avalado por los Parlamentos de ambos países, cimenta una relación de Estado a Estado, pero los suscriptores de la cooperación tenían otra idea en la cabeza.
“En enero 2008 se acordó entre ambas partes modificar el artículo IV del acuerdo de Cooperación Energética del Alba para establecer que ´corresponderá a una entidad jurídica nicaragüense seleccionada por (Petróleos de Venezuela) PDVSA recibir” una parte de la cooperación, explica Acevedo. Esa entidad jurídica, a la que se refiere el economista, es la cooperativa sandinista Caja Rural Nacional (Caruna), nacida en 1993 con un patrimonio de 23.560 córdobas, que llegó a administrar, de acuerdo con cifras del Banco Central de Nicaragua, US$599 millones solo en el período 2007–2009.
La cooperación de Venezuela se materializó en Nicaragua también a través de préstamos del Banco de Desarrollo de ese país y de donaciones que sumaron un presupuesto paralelo que nunca se había visto en la historia de Nicaragua. “Obsérvese que, desde 2010 a 2014, los montos anuales ascienden a un promedio de US$550,3 millones, un monto extraordinario para un país tan pequeño como Nicaragua. Esto ha permitido al gobierno una disponibilidad de recursos que supera con creces a la de cualquier gobierno anterior, pese a la disminución de los flujos de cooperación de fuentes tradicionales”, señala el investigador.
La participación de Caruna, a juicio de los especialistas, nunca ha sido explicada en su totalidad. No hay claridad sobre los fondos que recibió y cómo los ha ejecutado, pero en teoría la modificación del acuerdo le permitía acceder al 50% de la factura petrolera, mientras el otro 50% Nicaragua lo tomaba para pagar en un plazo de noventa días el mismo crédito venezolano.
Administrando el 50%, Caruna asumía la deuda para el pago del 25% del crédito de PDVSA –siempre en términos concesionales– y destinaba los recursos al “fondo Alba” como en el gobierno de Ortega describió inicialmente el flujo de recursos destinado a financiar los programas sociales asistencialistas.
62% para proyectos con fines de lucro
Ese esquema de financiamiento funcionó hasta 2010. Los informes oficiales enviados al Fondo Monetario Internacional por el gobierno señalan un cambio en las reglas del juego. “A partir de entonces, tal y como lo refleja el Informe de Cooperación Oficial Externa del año 2010 se hace otra diferencia, entre ´proyectos sociales´, que representan una donación o transferencia a los destinatarios, proyectos a los cuales se destina el 38% de los recursos de la cooperación petrolera, y ´proyectos socio-productivos´ – no se emplea el término ´proyectos con fines de lucro ´ que se utiliza para informar al FMI –, los cuales absorben el 62%”, explica Acevedo.
El diputado opositor Enrique Sáenz, miembro de la comisión económica del Parlamento, resalta el papel de Caruna, que fue usada como “una truculencia” para apropiarse de los fondos surgidos a partir del acuerdo estatal, lo que redundó en acumulación de riqueza para el boyante grupo de Albanisa.
La ex comandante sandinista Mónica Baltodano cuestiona que la verdadera cuantía de lo que va a proyectos sociales es un misterio y recuerda bien los escándalos sobre el abuso con fondos que ha hecho el clan gobernante con la cooperación.
“Es evidente que de esos fondos se han nutrido nuevos capitales, grandes negocios, compras de bienes, compañías de televisión, hoteles que son propiedad de la familia gobernante y sus allegados, ¿cuál si no sería el propósito de esconder esa ayuda de los mecanismos de control de la Contraloría, manejarla de manera privatizada? Las láminas de zinc, los programas de hambre cero son asignados con criterios clientelares, pero al final algo le llega al pueblo, pero se convierten en migajas que esconden el uso corrupto que la da la pareja presidencial”, señala la ex guerrillera.
Gabriel Álvarez, experto en derecho constitucional de Nicaragua, reconoce la habilidad jurídica que han tenido para hacer el negocio, pero dice que existe una debilidad clarísima que podría volver ilegal lo actuado: el acuerdo petrolero se hizo bajo la figura del Alba desde el punto de vista propagandístico, pero el único acuerdo reconocido legalmente es el de Petrocaribe.
“Hay un elemento que puede conducir a una conclusión de ilegalidad de la trama de ingeniería financiera que han hecho: todo lo que se hizo al amparo del Acuerdo ALBA del 29 de abril del 2007 podría considerarse nulo porque la interpretación conjunta de los artículos 138.12 y 150.8 de la Constitución señala que aquel Acuerdo nunca produjo efectos legales, ni dentro ni fuera de Nicaragua ya que nunca fue aprobado por la Asamblea Nacional”, explica el abogado.
La posibilidad que la cooperación se convierta en una deuda para Nicaragua es un tema que se discute aún entre juristas, aunque las fuentes cercanas al gobierno lo creen un tema superado en la agenda pública porque para ellos se trata de una deuda privada.
¿Deuda pública, privada o contingente?
Francisco Aguirre Sacasa, ex presidente de la comisión económica del Parlamento al momento de la firma del acuerdo energético con Venezuela, cuenta que los documentos que probaban que se trataba de una deuda privada llegaron al Parlamento y que fue el secretario de asuntos nacionales de Ortega, Paul Oquist, quien los mandó directamente.
“Después de estudiar los documentos oficiales acordados por ambos jefes de Estado, nos percatamos que no se trataban de préstamos que constituían pasivos o deudas para el Estado. Eran más bien acuerdos marcos que de una u otra manera general narraban los objetivos de la ´ayuda´ y las formas que ella podría tomar. La conclusión unánime de nuestra comisión era que el ofrecimiento de Chávez de ninguna manera se refería a préstamos o créditos (préstamos blandos) que podrían requerir la aprobación por la Asamblea Nacional como estipula el artículo 138 de la Constitución política de Nicaragua para deuda pública externa”, dice Aguirre Sacasa.
El jurista y asesor empresarial, Alejandro Aguilar, sonríe cuando la pregunta es cuál será la responsabilidad de Nicaragua en este tema. Dice que es una gran incógnita que depende de la documentación que hasta ahora no se ha revelado al público. Él encuentra razones a favor y en contra de Nicaragua en su análisis.
La principal para exculpar al país centroamericano es que PDVSA controla el 51% de las acciones, lo que en la práctica significa que controlan las decisiones de Albanisa, junto a que fue Venezuela la que decidió el esquema de financiamiento usando el modelo de Petrocaribe.
“Estando bajo el control del Estado venezolano, y habiendo decidido libremente crear este mecanismo e incluso entregarlo a una entidad privada, no pueden responsabilizar al Estado de Nicaragua si la entidad privada no se encuentra en capacidad de pagar esa cooperación mañana”, explicó Aguilar.
Razones en contra de Nicaragua hay también varias, el principal es que Nicaragua aceptó la participación de la empresa pública Petronic en la operación y no puede escudarse en que no tiene intereses, habida cuenta que posee el 49% de las acciones y su opinión por tanto es relevante.
“El Estado de Nicaragua se involucró en este esquema y por lo tanto no hace falta que te lleven el día de mañana a ningún tribunal internacional, aunque puede ser que los contratos establezcan mecanismos de arbitraje, si establecen algún tipo de aval, compromiso de Nicaragua, pues nos veremos en tribunales internacionales, intentando resolver este asunto”, dice Aguilar.
“Una caja negra el Alba”
Para el ex directivo de PDVSA entre 1976-1979, Gustavo Coronel, un consultor independiente en temas energéticos radicado en Estados Unidos, se trata de una deuda de Estado a Estado que no cree que sea cobrada por el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro.
Coronel dijo que el esquema empresarial de la cooperación con Nicaragua no es novedoso, pero si el tratamiento político que se le da a la compañía en Nicaragua y “los altos niveles de corrupción que existe en su funcionamiento”.
“Alba la organización es una gran caja negra cuyas realidades económicas y políticas solo son conocidos por los líderes en los países miembros”, aseguró Coronel que dice que Chávez en vida y Ortega compartieron una gran avidez por el poder y una total falta de escrúpulos.
El diputado nicaragüense Enrique Sáenz explica el sistema impuesto por Albanisa en el sector empresarial nacional. “Ni siquiera es un esquema progresista desde el punto de vista empresarial, sino que se asienta en un esquema de acumulación primitiva. Utilización patrimonial de los instrumentos de poder político, el abuso del poder monopólico, el aprovechamiento ventajista. En todos los casos, sin visión de desarrollo del país, ni siquiera de la rentabilidad en el largo plazo de las propias inversiones que están realizando, a no ser que permanezcan en control del Estado indefinidamente”, dijo Sáenz.
La remesa petrolera enviada a Nicaragua desde 2007, es decir los más de US$3.000 millones, equivale al 27% del Producto Interno Bruto durante 2013, pero representa apenas el 0,69% del PIB de Venezuela en el mismo período, lo que convierte el acuerdo en imperceptible para muchos ciudadanos de ese país.
Coronel dice que cuando se escribe “Alba” en Google, están relacionados con “la Duquesa de Alba” y no con el acuerdo suscrito entre Chávez y el grupo de países que apoya el modelo político venezolano.
“El único hecho jurídico duro que existe, con el estatus jurídico de tratado internacional – un acuerdo internacional entre dos Estados, sujetos de Derecho Internacional, suscrito por el Jefe de Estado, ratificado por la Asamblea Nacional de ambos países, y publicado en el Diario Oficial, conforme a las normas constitucionales -, es el Acuerdo Energético Petrocaribe entre Venezuela y Nicaragua, suscrito el 11 de Enero de 2007 y ratificado en peno por la Asamblea Nacional el 27 de marzo de 2007. Los tratados internacionales pasan a integrar el cuerpo jurídico de la nación”, reiteró el economista Adolfo Acevedo.
El desvío de fondos a negocios privados
Acevedo dice que se ha dado una acumulación de capital, extraordinariamente acelerada, que ha permitido el surgimiento del poderoso grupo privado Albanisa. Además de importar el petróleo, la petrolera privada binacional participa del negocio de generación de energía en la que tiene instalada el 25.4% de la capacidad en el país, según el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), un sector en que ha invertido US$800 millones desde 2007 de acuerdo con cifras del sector privado.
En total, entre 2007 y 2014, se registran US$3.432,3 millones de dólares en cooperación estatal venezolana que han sido desviados a través de canales privados sin ninguna clase de control o escrutinio público. De este monto, el 89,7% corresponde a la factura petrolera, y el resto a donaciones y préstamos de entidades oficiales venezolanas (Bandes).
Según la estimación del economista Acevedo “este flujo de cooperación entre 2008 y 2013 incrementó la capacidad total de recursos del Estado en el equivalente a casi un tercio o más de los ingresos fiscales totales recaudados por el gobierno central, llegando a casi duplicar los montos anuales de recursos recibidos de las fuentes tradicionales de cooperación externa oficial del país”.
El uso de los recursos orientado hacia los negocios varió considerablemente a partir del 2010. “Desde 2010 hasta 2014 se destinaron en promedio anual US$302,3 millones a proyectos de inversión «con fines de lucro», y US$155,3 millones promedio anual a las que el FMI denomina «operaciones cuasi-fiscales», y el gobierno denomina ¨proyectos sociales¨ o el 31.8%,” indica Acevedo.
Una parte importante de tales inversiones privadas se canalizan a través de Albanisa, sin que exista alguna evaluación de eficiencia, rentabilidad financiera o social. La mayoría de sus activos están concentrados en sus operaciones en el sector energético y las inversiones realizadas en plantas de generación térmicas y eólicas, sistemas de almacenamiento de productos terminados, importación y distribución de productos terminados en la exportación de alimentos.
Pero, además, se estima que más de US$100 millones se han desviado para la creación o el financiamiento de empresas privadas que no tienen nada que ver con la meta oficial del “combate a la pobreza”.
Esta es una lista de algunas de esas inversiones privadas publicadas en investigaciones de los medios de comunicación:
Los proyectos sociales
Olga Obregón, de 76 años, comerciante del sector de artesanías del mercado Roberto Huembes en Managua. Ella es una de las que agradece al Presidente y la primera dama Rosario Murillo que la hayan tomado en cuenta en los préstamos que otorga Caruna.
Más bien se queja que, después de veinte empréstitos, le hayan dicho que buscarían cómo beneficiar a otros. Su relación de créditos con la cooperativa, que privatizó la cooperación, inició con un pequeño crédito de 2, 500 córdobas, luego fueron 5.000 y llegó hasta 10.000 con un grupo de amigas. El interés era del uno al dos por ciento anual.
Los reportes del Banco Central sobre los usos de la cooperación venezolana, no se registran ni se desglosan a niveles de proyectos, sino únicamente a través de grandes agregados. Según los registros de 2010 a 2014, del 38% destinado a proyectos sociales, el 20% se destina al “subsidio del transporte urbano y financiamiento del bono salarial”, y el resto se dedica a “programas sociales” y recursos en “disponibilidad”.
Rodrigo Obregón, ex vicegerente de Albanisa, explica que el secreto de Caruna para multiplicar sus ganancias ha sido colocar “dinero barato” como crédito. “Caruna recibió el flujo de dinero. Agarraron este capital de cero interés y lo comenzaron a colocar al 8% anual como dinero barato, ahí tenés el primer escalón de la multiplicación del capital. Ahí comienzan a crecer. Los buses rusos (para la renovación del transporte público en la capital) que eran donados, ellos luego los vendían a los transportistas a US$80.000 a un 8% anual”.
Sin embargo es innegable su influencia en la vida cotidiana de muchos nicaragüenses. El dinero para trabajar que Olga Obregón necesita, la energía eléctrica que paga –Caruna financió con US$198,5 millones al INE para que no aumentara la tarifa en el período 2010-2013, a una tasa del 8% anual—, el combustible que pone el taxista que la lleva a casa en las gasolineras, y otros ámbitos de la vida nacional son marcados por los fondos venezolanos que se manejan a través de un presupuesto paralelo.
Desde un principio, según las minutas de las reuniones en que participaron tanto los funcionarios venezolanos como nicaragüenses, se habló de la construcción de una refinería, la importación de petróleo, a lo que sumarían “las gasolineras sociales”. A la refinería la llamaron “El Supremo Sueño de Bolívar”, costaría más de US$4.000 millones, pero hasta ahora solo se ha realizado la etapa de construcción de tanques de almacenamiento.
“Nicaragua enfatizó que la importación del petróleo es la principal acción socioeconómica del proyecto Sandinista. PDVSA indicó la disposición a apoyar las importaciones de crudos y combustibles para el año 2008, considerando la prioridad de Nicaragua como importador”, se lee en la minuta oficial del encuentro.
Las evidencias documentales, recabadas por los diarios nacionales durante años, muestran que el control de la familia presidencial está presente en todo. La licenciada Yadira Leets, esposa del hijo mayor del mandatario Rafael Ortega, administra la red de gasolineras de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos, cuyos socios son dos empleados de la familia. En Petronic, la gerente general es Katherine Argeñal, esposa de Tino Ortega Murillo, otro de los hijos de la familia gobernante.
El vicepresidente de Albanisa y presidente de Petronic es el ingeniero Francisco López Centeno, tesorero del FSLN y Ortega. La primera dama Rosario Murillo, coordinadora del Consejo Nacional de Ciudadanía, es la coordinadora nacional del Alba.
SN